Pilar Marí en un momento de la entrevista. | (c) Sergio G. Canizares

Pilar Marí anuncia que le gustaría ser candidata en 2015 porque asegura que en este último año que le queda por delante como alcaldesa no le dará tiempo para demostrar «lo que podría hacer». Por ello, intentará que las actuaciones que prevé llevar a cabo este año en los barrios de la ciudad sean su carta de presentación ante una eventual candidatura.

—La lista de temas pendientes en Vila es larga, pero empecemos por lo más urgente ¿Hará algo el Ayuntamiento para solucionar el conflicto del nuevo Sa Bodega?

—Nuestro poder de decisión es limitado porque no somos la administración competente, ni para promocionar la construcción ni para financiarla, por lo tanto estamos a lo que nos diga el Govern balear. Una vez dicho esto, confío todavía en que se pueda llegar a una solución.

—¿Podría pagar el Ayuntamiento los 153.000 euros que hay de diferencia?

—No, porque las diferencias no son económicas, son también técnicas y de valoraciones. Es un tema que es motivo de disputa entre técnicos del Ibisec y de la empresa. No es un tema estrictamente económico, de decir nos faltan 153.000 euros. Si fuera eso sería más fácil de solucionar.

—Mucha responsabilidad delega sobre los técnicos.

—Ya, pero lo que pasa es que los técnicos finalmente tienen la responsabilidad que tienen. Si un político dijera a un técnico lo que tiene que hacer, el técnico no lo podría aceptar porque tiene que firmar, por lo tanto, los técnicos del Ibisec, con los que yo me he reunido, son los que tienen que tomar una decisión por más que lo políticos queramos que se llegue a una solución.

—Entonces el Ayuntamiento no tiene respuesta para los padres que se están manifestando en la puerta del colegio.

—Respuesta sí, solución no. La respuesta es que los entendemos perfectamente y de hecho las acciones que ha realizado el Ayuntamiento van encaminadas a que esa situación se solucione.

—¿Qué le parece la imagen de la ciudad con las nuevas paradas de autobús?

—A mí me gusta más con una estación funcionando, sinceramente. La calle es un sitio para paradas urbanas no para paradas interurbanas, que normalmente tienen mucha más gente esperando, con las molestias que suponen para ellos y para los vecinos, los ruidos, el entorpecimiento del tráfico. Me gustaría más tener una estación de autobuses funcionando.

—El PREF ha pedido que se solucione antes de la temporada turística para evitar lo que calificaron como una imagen tercermundista. ¿Cree que será posible?

—El Consell ha dicho que quería resolver el tema y estoy convencida de que llegaremos a una solución también en esto. Confío en que lo antes posible la estación que tenemos se pueda utilizar y, si no se puede, se tendrán que plantear alternativas. También es verdad que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dicho que la administración competente para decidir donde deben operar los autobuses es el Consell, y nosotros tenemos que respetar eso. Pero creo que el Consell también quiere buscar una solución.

—El Consell no da mucha credibilidad a la reclamación patrimonial que anunció la concesionaria del Cetis, ¿Usted sí?

—Nos preocupa muchísimo, por eso estamos contratando una empresa para hacer un estudio del equilibrio económico de la concesión, para tener información de primera mano sobre el estado de la misma. Cuando tengamos esa información podremos hablar con más propiedad, de momento tenemos la información que los técnicos nos han facilitado en función del cálculo de tarifas que se hizo. Lo que está claro es que ese edificio está funcionando, nosotros utilizamos una parte del mismo, y en fin, creo que alguna responsabilidad sí puede haber, no sé la cantidad.

—¿Este estudio económico es para calcular cuánto podría costar al Ayuntamiento indemnizar a la concesionaria del Cetis?

—Más que nada es para ver si ha habido alguna variación desde que se produjo toda la concesión y todos los cálculos de tarifas. Es para saber si ha habido algún cambio sustancial que haga que esas cifras ya no sean las correctas y haya que modificarlas. Es un tema entre Ayuntamiento y concesionaria para ver si realmente hay un equilibrio, o si las circunstancias desde que se calculó eso hasta ahora ha hecho variar la relación entre ambos.

—¿Es un documento que podría ayudar al Ayuntamiento a defenderse en caso de una reclamación patrimonial?

—Sí, necesitamos tener nuestros propios números y nuestra propia información porque es un tema muy importante. Es un informe externo que queremos contratar este mismo mes si es posible. Se está mirando, son informes costosísimos, y se ha pedido presupuesto a varias empresas.

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