La delegación pitiusa del Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears (Icaib) rindió ayer, Día de la Justicia Gratuita, un homenaje a dos veteranos letrados del turno de oficio en Eivissa. Se trata de Matilde Valdés Prats y José Ramón Buetas y Ayerza. Éste último no pudo acudir en persona ayer a la una de la tarde a la sede del Icaib en la isla para recibir su placa porque se encontraba en un juicio que comenzó con retraso, por lo que fue su hijo Marcos Buetas quien le sustituyó en este homenaje. El delegado del colegio en las Pitiüses, Juan Antonio Marí Ramón, y el representante de estas islas en la Junta Directiva del Icaib, Víctor Jiménez, fueron los maestros de ceremonias.
La portmanyí Matilde Valdés, especializada en asuntos relacionados con accidentes de tráfico, trabaja como abogada en Eivissa desde 1981, fue delegada del Icaib en Eivissa durante siete años y, aunque en la actualidad no forma parte del turno de oficio, ha trabajado durante años en justicia gratuita. De hecho, creó, en 1996, cuando María Luisa Cava de Llano era delegada del Icaib, el primer servicio de asistencia jurídica gratuita de Eivissa.
A su entender, «el turno de oficio es la clave de lo que es el servicio de un abogado, es la respuesta de hacer algo por los demás sin pedir mucho a cambio».
Matilde Valdés recuerda los primeros años, cuando sólo eran 20 los abogados colegiados en Eivissa. «Llegó un momento [en los años 80] que había tanto trabajo que hubo que obligar a los letrados a participar en el turno de oficio para cubrir las necesidades», recordó Valdés.
En la actualidad son 148 los abogados inscritos en el turno de oficio, contando todas las especialidades. El turno de oficio en Eivissa lo forman dos abogados, a excepción de los meses de temporada alta que cuenta con tres. Aun así, hay semanas en que no son suficientes, por lo que en años anteriores se ha solicitado un cuarto letrado.
La nueva ley
En el acto, además de rendir homenaje a los letrados, se criticó con dureza el proyecto de Ley de Justicia Gratuita que se prepara en el ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón. «Limita las opciones para acceder a ella, no contempla una remuneración digna, aumenta la burocracia, no garantiza la viabilidad económica, incluye tasas judiciales, no es un proyecto consensuado y muestra el desprecio del titular de Justicia por la abogacía y los ciudadanos», resumió Marí Ramón.
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