En la asamblea celebrada en Sant Antoni de Portmay, los representantes de la ACNB coincidieron en que «no es de recibo que los clubes, con una masa social en torno a las 20.000 personas y siendo uno de los pilares del sector de la náutica deportiva autonómica, no tengan voz en el organismo que gestiona los puertos de interés general».
Según señalan en un comunicado, la náutica recreativa representa el 46% de los ingresos de la APB, «de acuerdo con datos oficiales que se habían mantenido en secreto, y ha sido eliminada de su Consejo», aseguró Miquel Suñer.
En relación a los proyectos de renovación de las concesiones del Club Náutico de Ibiza y del Club Marítimo Molinar de Levante, la Asamblea denunció maniobras empresariales. Una maniobra que, según argumentaron, «está llevando a cabo una entidad privada, que se hace pasar por club náutico, para enterrar 90 años de historia de promoción del deporte y vertebración de la sociedad pitiusa. Detrás del citado ardid se encuentra, un ex asesor privado de la APB que, curiosamente, realizó un dictamen contra el CNI y que ahora avala a la sociedad que pretende quedárselo, con el apoyo técnico de una constructora gallega. La APB tiene el deber de frenar esta operación, en la que uno de sus asesores de cabecera ha sido juez y parte, y que atenta contra las más elementales normas de la ética y el juego limpio», señalaron.
El presidente de la Federación Balear de vela, Joaquín González, expresó su «apoyo total a ambos clubes».
La Asamblea también debatió sobre la enorme presión fiscal y recaudatoria que soportan sus asociados, y reiteró su oposición a la tasa de ayudas a la navegación, un servicio cuya utilidad calificó de innecesario y del que se ha constatado que sólo se cobra, por parte de la APB, en los puertos autonómicos de las Baleares, lo que afecta a la competitividad.
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