El equipo de gobierno del Consell d’Eivissa quiere que por lo menos el 13% de lo que se recaude con el impuesto sobre estancias turísticas (la nueva ecotasa del Govern balear) se invierta en actuaciones en la isla. «Proponemos que el reparto se haga con los mismos criterios que se tienen en cuenta en la ley de financiación de los consells insulars. Entendemos que tenemos que presionar para repercuta en Eivissa buena parte de lo que se recaude aquí, en la misma línea de las peticiones de los hoteleros», señaló ayer una de las coportavoces de la máxima institución insular, la consellera Pepa Marí, quien ayer detalló las alegaciones del Consell a la tasa impulsada por el Ejecutivo balear.
Esta cifra es inferior al 20% a la que aspiraba el presidente Vicent Torres, un porcentaje que refleja el peso del sector turístico de la isla en relación al del conjunto de Balears. De esta manera el Consell se posiciona en contra de la ‘caja única’ propuesta por el Govern balear a la hora de repartir los fondos. «Se ha descartado [el 20%], no decimos que no vayamos a luchar por ello pero aceptaríamos que fuera esto [el 13%]. Seguiremos luchando para que la proporción siga creciendo y se acerque a lo que nosotros estimamos es nuestra aportación a la Comunitat Autònoma», señaló Marí.
Cruceros y menores
Otra de las alegaciones de la institución ibicenca al anteproyecto del nuevo impuesto turístico es gravar a los cruceros cuyas escalas en la isla superen las 15 horas. «Si se aplica este impuesto a los cruceristas queremos que sea a los que estén casi un día», señaló Marí. La intención inicial del Govern es que todos los cruceros turísticos que recalen en un puerto balear paguen el impuesto, excepto los que tengan como punto de salida o de llegada una de las islas. No obstante, es último caso sólo se da en el puerto de Palma, lo que supone un agravio comparativo con los demás puertos.
Además, el Consell d’Eivissa también propone que los menores de 16 años estén exentos a la hora de pagar este impuesto, cuando el anteproyecto dispone que la edad mínima sea 14 años. «Si queremos que nuestras islas sean un destino familiar por excelencia, se tienen que promover medidas en este sentido», señala la alegación de la institución.
El Consell d’Eivissa también estima oportuno eliminar el apartado que obliga a las viviendas turística ilegales a pagar el nuevo impuesto. «Este punto consideramos que no se adecua al espíritu de luchar contra la oferta ilegal de nuestra Comunitat y va en detrimento de la calidad turística», asegura la máxima institución insular, que apuesta por «incluir en esta ley, no un impuesto, sino una sanción para aquellos establecimientos que no dispongan de las correspondientes autorizaciones».
Por último, el Consell, al igual que el sector turístico, quiere que se establezca como temporada baja del 1 de octubre al 30 de abril, cuando el anteproyecto de ley dispone que sea del 1 de noviembre al 31 de marzo. Desde la máxima institución insular también se pide al Govern que en la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible, que será la encargada de decidir qué proyectos se financian con el nuevo impuesto, haya dos miembros designados por el Consell d’Eivissa y que en la exposición de motivos de la ley quede reflejado que la institución cuenta con las competencias en promoción turística transferidas.
LA NOTA
Jubilados y pensionistas volverán a viajar en bus gratis
El Consell d’Eivissa recuperará en 2016 la gratuidad del transporte en autobús para jubilados y pensionistas. El Consell Executiu aprobó ayer el gasto correspondiente a 2015 de la subvención a través de la ‘Tarjeta Daurada’, que desde 2012 se había reducido al 75% del coste del billete. El total del gasto aprobado es de 180.000 euros para el conjunto de las líneas de transporte.
El año que viene, explicó Pepa Marí, la subvención volverá a ser del 100% del precio del billete para estos colectivos, lo que supondrá un gasto estimado de 60.000 euros más, que se sumarán a los 180.000 euros de lo que cuesta la subvención actual. Para ello, el Consell modificará los convenios con las compañías.
En cuanto a los contratos programa con las compañías de transporte público –aquellas líneas que estén fuera del régimen de concesión y de las que el Consell asume los déficits de explotación- se pagará un total de 618.000 euros.
3 comentarios
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A donde hemos llegado. Estamos mendigando. No pedimos lo que es nuestro sino una miseria a ver si cuela. Qué políticos tenemos?
Dame aaaaaargo. A Mallorca s'enfoten de naltros.
Eso, eso, a aborregar a las masas, todo el mundo, quiera o no, al autobús!. No sería más interesante que los mayores mantuvieran su nivel de las pensiones y puedan elegir entre ir en autobús, coger un taxi o comprarse un coche. Esto es socialismo puro! la dictadura social ha vuelto!