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El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha condenado al Govern a abonar 2,4 millones de indemnización a los propietarios de terrenos de La Guitarra, en Roca Llisa, en concepto de responsabilidad patrimonial por la desclasificación de varias parcelas. La sentencia ha sido comunicada a las partes.

Los recurrentes interpusieron una demanda en diciembre de 2011 para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Comunitat Autònoma por la aprobación en 2008 de una moratoria que afectaba a los solares de La Guitarra en la urbanización de Roca Llisa. Los recurrentes solicitaron en ese momento una indemnización de 6,6 millones de euros por la desclasificación de unos terrenos que antes de la moratoria eran urbanos. En esta urbanización ya se habían construido algunos viales.

En abril de 2012 se dictó un auto fijando la indemnización en 6,6 millones, si bien se abrió el trámite de conclusiones para las partes. En febrero de este año la Comunitat Autònoma presentó un escrito de alegaciones en la que apeló al nuevo decreto ley sobre medidas urgentes en materia urbanística, aprobada por el nuevo Govern.

Los argumentos

En la sentencia se apunta que La Guitarra tenía un plan parcial aprobado en 1975 y un proyecto de urbanización que databa del año 1984. El plan parcial, además, fue incorporado a las normas subsidiarias de Santa Eulària en el año 2004. Cuando se aprobó el decreto ley de moratoria en 2007, paso previo a la ley, muchos de los propietarios de La Guitarra ya habían iniciado el expediente para construir en sus respectivos solares. Cuando se aprobó dicha moratoria los propietarios alegaron que se había producido un «daño efectivo» ya que se desclasificaba unos terrenos que eran urbanizables.

La sentencia señala que la moratoria aprobada en 2016 «no deja sin efecto la reclamación efectuada por los actores». La sentencia apela a que la ley regula «el supuesto particular de responsabilidad de aquellas actuaciones del poder legislativo que infieran daños y perjuicios a los ciudadanos». Estas tesis han sido avaladas en dos ocasiones por el Tribunal Supremo por reclamaciones originadas por casos similares.