Un grupo de vecinos patrullando por una zona rural de Santa Gertrudis. | Toni Escobar

El presidente del Consell, Vicent Torres, trasladó ayer al delegado del gobierno en funciones, Evelio Antich, la petición «de desplegar de manera urgente y sin más dilaciones una dotación suficiente de agentes de la Guardia Civil en Eivissa para combatir la oleada de robos en viviendas aisladas de la isla».

A través de una carta fechada ayer en el registro, el presidente del Consell se suma a la indignación expresada por los vecinos afectados por la oleada de robos y que han formado una serie de patrullas vecinales para «controlar y defender sus casas», según manifestaron los vecinos que integran la plataforma de víctimas de los robos.

En su carta, Vicent Torres reitera la preocupación del Consell d’Eivissa por la «falta de respuesta a las repetidas peticiones hechas por la institución insular a la Delegación del Gobierno y a la Dirección Insular del Estado en Eivissa y Formentera referentes al despliegue de refuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la isla de Eivissa para atender la problemática de los robos en casas de campo aisladas», recoge el escrito.

Además, el presidente del Consell subraya que es una «muestra creciente de descontento e indignación» el hecho de que los vecinos, «cansados de esperar una respuesta al problema de los robos, hayan decidido organizarse en turnos de vigilancia por las zonas afectadas».

Torres indica que, en su día, ya trasladó a Teresa Palmer la necesidad de desplegar una dotación suficiente de agentes para dar cobertura a la isla.

Patrullas

El presidente del Consell remitió su reclamación tras conocer la creación de patrullas vecinales por parte de un grupo de unos treinta vecinos afectados por los robos.

Esta medida ha sido impulsada por varios integrantes de la plataforma de víctimas de los robos de zonas como Santa Gertrudis, Sant Carles o Sant Rafel.

Uno de sus portavoces, Toni Roig, manifestó que han llegado a este punto porque la «situación ya es insostenible. O salíamos a vigilar y defender nuestras casas o acabarán echándonos», señaló.

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«Nos vemos obligados a hacer estas batidas, estos controles, anotando matrículas y pasándonos la información en los diferentes grupos de whatsapps porque la gente está muy desencantada», apuntó Roig, quien añadió que «estuvimos una temporada tranquilos pero ya hemos vuelto a las andadas. Los chats están que echan humo y prácticamente cada día nos despertamos con un robo».

La plataforma de afectados por los robos destacan que los agentes de la Guardia Civil y el equipo ROCA «están ahí pero no son suficientes. Agradecemos su esfuerzo pero, desgraciadamente, los robos no cesan. Si las altas esferas dicen que son suficientes, ellos sabrán porqué lo dicen pero no es cierto. La seguridad no es la óptima para nosotros, los ciudadanos que pagamos impuestos y sufrimos los robos. Es triste que con nuestras patrullas seamos más efectivos que los dispuestos por la Guardia Civil para vigilar las zonas rurales de Eivissa».

Las patrullas vecinales ya han peinado zonas de Santa Gertrudis y Sant Carles y hacen un llamamiento «para que más vecinos se sumen a esta iniciativa».

LA NOTA

El plan específico trajo el equipo ROCA y la USECIC

El pasado 2 de diciembre la Delegación del Gobierno activó una plan específico de la Guardia Civil para combatir la oleada de robos que sufría la isla.

Este dispositivo adhoc supuso la llegada del módulo de intervención de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) y la consolidación de una base del Equipo Roca en Eivissa.

Los mandos de la Guardia Civil evaluaron las necesidades y desplegaron controles que tenían como objetivo «restablecer los niveles adecuados de seguridad» en las zonas afectadas por la oleada de robos. Según los datos presentados por la entonces delegada del gobierno, Teresa Palmer, en los meses previos se habían contabilizado 69 denuncias por asaltos en las parroquias de Santa Gertrudis, Sant Rafel, Sant Mateu y Sant Joan, unas cifras que los vecinos elevaron a más de un centenar.

La Delegación del Gobierno mantuvo que el dispositivo estaría activo «en función de las necesidades». Las víctimas de los robos entienden que es insuficiente.