La consellera de Interior y Administraciones Públicas del Govern balear, Isabel Castro, presentó ayer por la mañana, primero al Consell d’Eivissa y a los cinco alcaldes y más tarde a Formentera, el régimen sancionador para quienes incumplan la normativa sanitaria de contención del coronavirus.
Este nuevo documento, que según Castro «centraliza el ejercicio de la potestad sancionadora autonómica en un único órgano», divide las sanciones en leves, graves y muy graves y la cuantía de las multas podrá ir desde los 100 euros por no llevar mascarilla por la calle hasta los 600.000 euros en casos de «fiestas ilegales con aforo para más de 150 personas que puedan poner en peligro la salud de las personas».
Además, la consellera aseguró que no solo se multará a los organizadores de los eventos sino también a todos los asistentes que se encuentren en él en el momento de la denuncia. En este caso, las multas estarán en proporción con la sanción que se decrete para los organizadores.
Unidad de rastreo
Así mismo, Isabel Castro confirmó que para ser más efectivos en la lucha contra estas fiestas ilegales «se creará una unidad especial de rastreo en colaboración con la Guardia Civil, la Policía Nacional y Emergencias para buscar cualquier tipo de información o anuncio sobre fiestas ilegales en las redes sociales».
Su objetivo será, según la consellera, «adelantarse, evitar que se celebren las fiestas y que los organizadores se lo piensen dos veces». Además, «en caso de que sigan adelante tener tiempo suficiente para poder pedir la autorización judicial y poder entrar a realizar los registros en los establecimientos».
De momento, la consellera aseguró que estas nueva unidad ya ha hecho su trabajo de forma positiva porque este fin de semana se canceló una gran fiesta que se iba a celebrar en la isla de Mallorca.
Por otro lado, Castro confirmó que «se trabaja intensamente con jueces y fiscales para que se autorice de urgencia a las fuerzas de seguridad poder intervenir en las fiestas privadas» ya que ni la Policía Local ni la Guardia Civil puede entrar en ninguna propiedad privada sin autorización. Algo que hará el Govern, según explicó la consellera «a través de los abogados de la Comunidad Autónoma».
Por su parte, durante la misma rueda de prensa el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, se mostró convencido de que desde el ámbito judicial «se dará la máxima prioridad a estas actuaciones» porque «no solo está en juego la salud de todos los ibicencos, sino también el futuro de nuestra sociedad a corto plazo, de nuestra economía, de nuestra marca a nivel internacional y de nuestro valor a nivel internacional como destino turístico totalmente consolidado».
Por ello Marí lanzó un mensaje claro a todos aquellos que quieran organizar fiestas ilegales o concentraciones. «Deben tener claro todas las administraciones de una manera u otra estarán unidas y serán implacables, analizando las redes sociales, pidiendo autorizaciones judiciales, interviniendo e intentando eliminar este tipo de actuaciones».
Una labor conjunta que, según el presidente del Consell también llega a las asociaciones empresariales de la isla. Según Marí se las ha enviado una carta «para que los empresarios si tienen constancia de alguien que pide un servicio para una fiesta o bien lo comunique rápidamente o bien no preste el servicio para prevenir riesgos futuros».
Perder el hilo
La consellera de Interior y Administraciones Públicas recalcó que este decreto no tiene un afán recaudatorio sino que busca «perseguir comportamientos que pongan en peligro la salud pública de los ciudadanos ya que no estamos hablando de un juego sino de algo mucho más serio porque la pandemia no ha desaparecido y el coronavirus sigue con nosotros».
Además, la consellera balear recalcó que la celebración de fiestas y encuentros multitudinarias tienen el problema añadido de la dificultad de poder realizar los rastreos posteriores a un caso de que se produzca un positivo por coronavirus. «Cuando alguien va a una reunión o una fiesta lo más normal es que se relacione con su círculo más cercano y con otra gente y si el posible foco se ha dado en un lugar donde había 150 personas es muy complicado seguir el hilo».
Por ello, Isabel Castro aseguró «que no se puede dar ni un paso atrás por el incumplimiento y la irresponsabilidad de unos pocos» y por ello agradeció la colaboración del Consell d’Eivissa y de los ayuntamientos de la isla por poner a disposición en la lucha contra las fiestas ilegales «todos los medios posibles».
LAS SANCIONES EN BALEARES DESDE ESTE VIERNES
INFRACCIONES LEVES. Entre 100 y 3.000 euros
- Incumplimento del uso de mascarillas - 100 euros.
- Incumplimiento de los establecimientos abiertos de informar sobre horarios, aforos, distancia social y uso de mascarilla.
- Incumplimiento del aforo o del número máximo permitido a los establecimientos o actividades cuando afecten menos de 15 personas.
INFRACCIONES GRAVES. Entre 3.001 y 60.000 euros
- Incumplimiento del aforo cuando no sea constitutivo de una infracción muy grave ni leve
- Participación en reuniones, fiestas u otros actos privados con aglomeraciones que impidan adoptar medidas sanitarias de prevención.
- Organizar reuniones, fiestas o actos privados o abiertos al público, en espacios públicos o privados, con aglomeraciones que impidan o dificulten tomar medidas de prevención.
- Conductos u omisiones que sean un riesgo o un daño para la salud cuando no sean constitutivas de infracción muy grave.
INFRACCIONES MUY GRAVES. Entre 60.001 y 600.000 euros
- Incumplimiento del aforo permitido en establecimientos o actividades para más de 150 personas.
- Comercialización de fiestas, actos privados o abiertos al público con aglomeraciones que impidan o dificulten tomar medidas sanitarias de prevención.
- Incumplimientos en la apertura de locales o las normas de uso de espacios como las pistas de baile.
- Incumplimiento de forma reiterada de las instrucciones o requerimientos de la autoridad competente.
- Conductos u omisiones a las normativas que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población.
SANCIONES ACCESORIAS.
- En infracciones muy graves además de la multa se podrá cerrar el establecimiento o prohibir su actividad durante un máximo de 3 años.
- El local se cerrará en este plazo aunque haya cambiado de titular.
- En infracciones muy graves en un inmueble turístico se puede prohibir su comercialización turística durante un máximo de 3 años.
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