Los propietarios de las 25 viviendas privadas, algunas de ellas okupadas, del complejo de Punta Arabí calificaron el jueves como «un bálsamo» que la empresa gestora de la mayoría de los bungalows se haya puesto manos a la obra y haya contratado a una empresa para recuperar la propiedad, que en la actualidad se encuentra en su práctica totalidad en manos de los okupas.

Nacho Sánchez, portavoz de los propietarios legales y que lleva 15 años viviendo en el complejo, aseguró que ha habido momentos en los últimos meses en que la situación era insoportable, al llegar a haber más de 300 personas viviendo irregularmente en Punta Arabí. Algo que provocó tensiones entre propietarios legales y okupas, «que en ocasiones amenazan e increpan a los que tenemos nuestra vivienda aquí».

De hecho, ya el jueves una de las okupas del complejo turístico no dejó de increpar a la prensa que acompañaba a Nacho Sánchez a hacer una visita por el interior del recinto para comprobar los daños que se habían producido en la propiedad. Entre otras cosas, aseguraba que le amparaba su derecho de okupante, que no teníamos permiso para estar ahí, que era una propiedad privada y que le teníamos que enseñar un escrito de que podíamos visitar la zona. Finalmente, la cosa no fue a mayores dada la sensatez y la educación de otros de los okupantes, que se limitaron a explicar que ellos no habían sido los causantes de los destrozos.

Según explicó Sánchez, a principios de verano empezaron a llegar okupas tras el desalojo de un inmueble cercano. «Al parecer», explicó el portavoz de los propietarios, «llegaron a un acuerdo con la inmobiliaria, que estaba negociando la venta del inmueble, por el que se podían quedar allí hasta que se cerrara la venta». Una vez se marcharon de ese edificio, empezaron a llegar al complejo a principios de verano. «Empezaron a okupar algún bungalow, aunque era algo mínimo», explicó el vecino. «Casi ni se les veía, eran como fantasmas», subrayó.

Sin embargo, el boca a boca y las redes sociales hicieron que esos pocos okupas se incrementaran en muy poco tiempo, dando paso a una situación muy incómoda para los propietarios. «Nos pusimos en contacto con Paquita Sánchez», propietaria del complejo, «y en cuanto vio la realidad del problema que había se puso manos a la obra», indicó el portavoz de los propietarios.

Desalojo del 75%

Por su parte, el dueño de la empresa Desokupa, Daniel Esteve, informó de que ya se había producido el desalojo de alrededor de 130 personas, «aproximadamente el 75% de los okupas del complejo». «Parece ser que los que quedan dicen que no tienen nada que ver con los robos que se producían», recalcó Esteve, «aunque hay grabaciones donde okupantes están guardando material en un apartamento que tienen como almacén, que tenemos localizado y hemos puesto en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad del Estado».

Noticias relacionadas

Además, el propietario de Desokupa informó de la detección de varias plantaciones de marihuana y de la paralización de un negocio de venta de llaves maestras para acceder a los apartamentos. Presuntamente «están funcionando con llaves maestras, tienen acceso a todos los apartamentos», relató Daniel Esteve. «Hay una persona que está revendiendo las llaves», insistió, con lo que cualquiera que abonara el precio establecido podía contar con una vivienda.

Asimismo, aseguró que, durante los primeros días de okupación, «abrieron todos los apartamentos y los saquearon. Ahora, hasta que no se haga un inventario, no podremos saber cuántos les dio tiempo a saquear».

Además de la labor de control de accesos que está llevando a cabo Desokupa, los abogados de la empresa arrendataria del Club Punta Arabí, la cadena MIJ Hotels, presentaron ayer un escrito en el Juzgado para que, en un plazo de 48 horas, se lleve a cabo el desalojo de las okupas que aún quedan en el complejo turístico. El objetivo, según explicó el abogado Pepe Oriola en su escrito, «es garantizar la reincorporación de 60 trabajadores del establecimiento en el mes de marzo».

Oriola confirmó que MIJ Hotels había alquilado los tres hoteles de Ibiza y el de Menorca que gestionaba Azuline, además de acordar subrogar todos los puestos de trabajo de los cuatro establecimientos.

El control de Desokupa a la entrada del Club Punta Arabí se prolongará durante todo el mes, y posteriormente una subcontrata de Desokupa en la isla se encargará de la seguridad del complejo.

Los okupas

Por su parte, el portavoz de los okupas, Raúl Morales Hervas, defendió ayer que los altos precios de la vivienda han motivado la ocupación irregular de este complejo residencial. El Sindicato de Inquilinas mostró su «gran preocupación» por esta situación y por el «atropello que están sufriendo estos vecinos». A nivel político, Podemos y PSOE también se mostraron preocupados.