Marilina Ribas, en una imagen de archivo.

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El rechazo de los gobiernos municipales de Sant Josep y Vila al informe jurídico elaborado por el Consell d’Eivissa para que el Govern modifique la ley y permita afrontar de mejor manera la lucha contra las fiestas ilegales ha sentado como un tiro al PP.

Su portavoz insular, Marilina Ribas, ha sido contundente a la hora de reprochar a los socialistas ibicencos su postura. Sobre todo teniendo en cuenta que el actual líder del partido en Ibiza es el ex alcalde de Sant Josep y actual conseller autonómico de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas Agustinet.

La modificación legislativa propuesta por el Consell contaba, al menos hasta el lunes, con el apoyo de todos los ayuntamientos, además del de las patronales turísticas. Esta propuesta ha sido redactada por los servicios jurídicos de la institución insular con la esperanza de que el Govern le dé el visto bueno y poder atajar así el grave problema creado por las fiestas ilegales.

Precisamente, el municipio más afectado por esta actividad es el de Sant Josep. De ahí que cueste entender que el Consistorio josepí, gobernado por el PSOE y Unidas Podemos, no apoye ahora la modificación legislativa.

«El PSOE de Agustinet», dijo ayer Marilina Ribas, «está a favor de entrar en las casas de las personas solo si es para expropiárselas, como ha hecho con los grandes tenedores para ocultar su fracasada gestión en política de Vivienda o con los Don Pepe, un gravísimo problema creado por él mismo cuando era alcalde antes de la desbandada a Mallorca, pero no para frenar las fiestas ilegales».

La portavoz del PP recordó que la lucha contra el intrusismo es «vital» para «preservar el modelo turístico» de Ibiza. Por ello mostró su rechazo a la postura de los socialistas Josep Marí Ribas y Rafa Ruiz, a los que acusó de «ponerse de perfil» y actuar como el conseller autonómico de Turismo, Iago Negueruela: «No hace nada y, además, siempre que tiene oportunidad, demoniza el modelo turístico ibicenco. Agustinet y Rafa Ruiz no pintan absolutamente nada y demuestran que se limitan a hacer seguidismo de Negueruela».

Marlina Ribas acusó también a los socialistas de «no ayudar a nadie» en Ibiza. En este sentido, insistió en la importancia de contar con una legislación que permita actuar de verdad ante las fiestas ilegales y más cuando desde el Consell se ha logrado sacar adelante una propuesta consensuada.

«El PSOE», lamentó la portavoz de los populares, «se vuelve a quedar solo, sin ayudar a nadie y dejando a los ibicencos de lado para anteponer las siglas y arrodillarse ante Mallorca». Una conducta que ya demostró, recordó Ribas, con otros problemas como «los pactos sucesorios, el régimen fiscal, el convenio de carreteras y siempre que se trata de defender a Ibiza».

Marilina Ribas, finalmente, insistió en la importancia de luchar contra las fiestas ilegales. Y recordó que Sant Josep es, en este sentido, el municipio más afectado. Esta actividad, añadió, «supone un riesgo para la salud de los asistentes dada la falta de controles» y afecta al modelo turístico de Ibiza. «El PSOE», concluyó, «deberá explicar muy bien a los ibicencos por qué pone palos a las ruedas en la lucha contra este y otros problemas. Nosotros lo tenemos muy claro. No queremos esto para Ibiza».

Silencio de socialistas y podemitas

Cabe destacar que este periódico trató ayer sin éxito contactar con representantes tanto de Podemos, como Viviana de Sans, y de la FSE, como el propio Agustinet, para conocer las posturas de ambas formaciones políticas. Es preciso señalar que la formación morada en la máxima institución insular se abstuvo en el último Pleno cuando se votó la normativa a enviar al Govern.

Acabar con la excusa del domicilio

Las fiestas ilegales suelen celebrarse en villas ubicadas en el interior de Ibiza. En general, son promotores de fuera de la isla los que organizan esta actividad ilegal y, hasta ahora, ha sido prácticamente imposible acabar con la misma debido, sobre todo, a la condición de domicilio que tienen los espacios en los que se celebran las fiestas.

Acabar con este vericueto es lo que se ha propuesto el Consell Insular. Tanto Sant Josep como Vila han mostrado su rechazo a este objetivo, apelando a que es difícil justificarlo legalmente. Sin embargo, los servicios jurídicos de la institución que preside Vicent Marí tienen claro que es posible hacerlo.

Así se puede comprobar en el informe preparado por los mismos y al que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera. Un documento en el que, entre otras cuestiones, se indica que la propuesta consiste en legislar para que, cuando se compruebe que la fiesta ilegal se desarrolla en un domicilio, no sea necesario esperar a obtener una autorización judicial para poder entrar.

El objetivo es que sea «considerado un lugar de pública concurrencia (como locales abiertos al público) donde se lleva a cabo una actividad prohibida (clandestina) y a los efectos de proceder única y exclusivamente al desalojo de las personas asistentes». En el mismo informe se señala también de forma clara que «no cabe hablar de morada o domicilio en estos casos», aunque la persona organizadora resida en estes espacio incluso «de forma esporádica».

El silencio del Govern

La propuesta de modificación legislativa elaborada por el Consell d’Eivissa debe ser activada por el Govern balear. El Ejecutivo de la socialista Francina Armengol, sin embargo, no parece estar muy interesado en la misma. Buena prueba de ello es que ninguna de las conselleries consultadas por este periódico ha admitido conocer el contenido del informe.

«Cuando lo veamos, se estudiará», es la frase con la que han concluido todas las fuentes consultadas, sin querer avanzar si será o no posible darle el visto bueno. Esta propuesta es una de las grandes apuestas del presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, que ha visto cómo en los últimos años ha crecido de forma escandalosa la celebración de este tipo de eventos ilegales en la isla. Algo que afecta notablemente a la imagen turística de Ibiza puesto que se da la imagen de que «aquí vale todo» y esto es precisamente lo que Marí no está dispuesto a consentir.