Imagen de archivo de una fiesta ilegal desmantelada a lo largo del año pasado. | Redacción Local

26

Resulta, cuanto menos, sorprendente que el partido que más ha presionado para modificar todo tipo de leyes en España, Unidas Podemos, se aferre ahora a la Constitución y a la propiedad privada para desmarcarse de la estrategia del Consell d’Eivissa contra las fiestas ilegales. Sin embargo, ésta es la excusa para no apoyar al gobierno del popular Vicent Marí en su cruzada contra este tipo de actividades en la isla.

Fuentes de la formación morada recordaron este sábado que ya cuando se llevó la propuesta a votación en el Pleno del pasado mes de diciembre se abstuvieron «por discrepancias jurídicas en algunos puntos». «Queremos parar las fiestas ilegales y hay que poner todas las herramientas posibles», aseguraron, «pero el marco jurídico que proponen genera discrepancias».

El choque entre Unidas Podemos y el gobierno insular tiene como base, precisamente, que este último pretende acabar con las fiestas ilegales mediante una modificación legislativa que permita dejar de considerar como domicilio las villas en las que suelen celebrarse estos eventos. «Estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión», señalaron desde Unidas Podemos, «pero el documento del Consell d’Eivissa tiene algunos puntos que chocan con derechos constitucionales sobre la propiedad privada».

Las mismas fuentes indicaron, además, que el presidente Marí «es parlamentario», por lo que podría presentar su propuesta en la Cámara autonómica «si realmente ve que es legalmente posible».

Unidas Podemos se suma así al PSOE, que desde los ayuntamientos de Sant Josep y Vila ha roto el consenso existente sobre esta modificación legislativa, acordada inicialmente entre el Consell, los consistorios y patronales turísticas y empresariales.

La propuesta debe ser aceptada por el Govern de la socialista Francina Armengol, que sería el competente para modificar la legislación. El objetivo es que las villas en las que se celebran estas fiestas pierdan su condición de domicilio y, con ello, su inviolabilidad. Esto permitiría a las policías locales y a los cuerpos y fuerzas de seguridad acceder al interior de los espacios una vez que se hubiera constatado la celebración de una fiesta con interés lucrativo sin necesidad de una autorización judicial. Socialistas y podemitas, curiosamente, rechazan esta posibilidad aferrándose a la Constitución y al derecho a la propiedad privada.

Esta ruptura del consenso llevó al PP insular a pronunciar duras palabras contra el PSOE el pasado martes. Sobre todo contra el secretario general de la formación en Ibiza, exalcalde de Sant Josep (el municipio más afectado por estos eventos) y conseller autonómico de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas Agustinet. La portavoz de la formación, Marilina Ribas, le recordó que no había mostrado los mismos escrúpulos a la hora de iniciar el controvertido desalojo de los propietarios de los apartamentos Don Pepe. Ribas también recriminó al socialista su sumisión ante el PSIB y Mallorca y, sobre todo, le reprochó el escaso interés que parece tener en resolver los problemas de los ibicencos.