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Ninguno de los dos partidos que conformaron el equipo de gobierno del Consell d’Eivissa en la pasada legislatura, PSOE y Podemos, ha querido realizar ningún tipo de declaración sobre las contrataciones irregulares que detectó la Oficina Anticorrupción de Baleares en favor de la asociación Amadiba y que ha supuesto más de dos millones de euros desde el año 2016.

Desde el PSOE únicamente se limitaron a contestar, a preguntas dePeriódico de Ibiza y Formentera, que «el expediente está cerrado y no hay nada nuevo que añadir a lo que ya se ha dicho en los últimos dos años». Sin embargo, haciendo un exhaustivo repaso a la hemeroteca, no aparece ni una sola declaración pública de los socialistas al respecto de estas contrataciones. Menos explícitos fueron desde las filas de Podemos, que a día de hoy todavía no han contestado a las preguntas planteadas por este rotativo sobre las irregularidades y sobre la contratación por parte de Amadiba de la ex directora insular de Igualdad, Judith Romero.

El informe
Y eso que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares dejó bien claro en su informe, firmado en abril del año pasado, que hay que exigir «responsabilidades disciplinarias a la señora Lydia Jurado», consellera de Bienestar Social del Consell d’Eivissa entre los años 2015 y 2019, «como titular del órgano que ha procedido a la contratación irregular» de la asociación Amadiba.

Además, destaca también «la exigencia de responsabilidades a la señora Jurado por el incumplimiento del expediente    de gestión económicofinanciero» de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Concluye a su vez el informe de Anticorrupción que, aunque en un principio detectó un «posible delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal», tras analizar las alegaciones presentadas por la exconsellera de Podemos «aunque se cumple con dos de los requisitos establecidos en el artículo 404 del Código Penal (sujeto y objeto), la posible actuación contraria a derecho de la señora Jurado considera la Oficina que carece de la comisión dolosa», tal como exige la Jurisprudencia.
El organismo autonómico considera también que hay un claro «trato de favor» hacia la asociación Amadiba por la cesión gratuita de un inmueble propiedad del Consell a este organismo «con el fin de que la asociación pudiera acreditar la implantación en la isla y así figurar como la única que dispone de este recurso especializado necesario que le permitirá tener exclusividad en la prestación de servicios que se quieren contratar». Esto, según Anticorrupción, vulneraría uno de los principios básicos de la contratación administrativa, como es la igualdad de trato. Además, sorprende que, por una parte, el Consell denegase la cesión de uso del inmueble en julio 2017 y que «el mismo departamento que había recibido la denegación del expediente de cesión continuase con el de autorización».

Además, al contrario de lo dictaminado por al ex consellera de Bienestar Social, no se daba la urgencia para realizar esta contratación, ya que decía que surgía por la solicitud de unos padres que tenían a un menor en el centro de Amadiba en Palma, mientras que existe un informe del jefe de sección de Menores del Consell que indica que el menor está bien integrado en el centro de Palma y que sería perjudicial su traslado.

Red de servicios
Hay que recordar que todo este asunto nació en abril de 2016, cuando una representación de Amadiba fue recibida por el presidente del Consell, en aquellos momentos el socialista Vicent Torres, acompañado por la consellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, y la directora insular de Igualdad, Judith Romero, ambas de Podemos.

En esa reunión, desde Amadiba se propuso formalmente la creación de una red de servicios en Ibiza que cubriera las 24 horas de atención para personas con discapacidad intelectual y que tuviera una financiación suficiente y estable a través de la concertación social, tal y como se llevaba a cabo en el Consell de Mallorca.

Al parecer, el presidente accedió a la creación de estos servicios por parte de Amadiba y añadió que el dinero no sería ningún problema. A continuación, encargó a Lydia Jurado que hiciera «todo lo que tuviese que hacer y que pusiera todos los medios para ejecutar el acuerdo alcanzado con Amadiba para la creación de la red propuesta», según explicaba la propia asociación. En esta misma conversación, Torres dictaminó que se cediera alguna infraestructura del Consell a la entidad.

Todo esto derivó en la elaboración de dos expedientes de contratación. El primero de ellos, de servicio de residencia y centro de día para personas con discapacidad gravemente afectadas con problemas de conducta, se inició en septiembre de 2017 por el procedimiento de contratación negociado sin publicidad. El segundo se inició en 2018 por el mismo procedimiento.

De estos dos contratos, indica Anticorrupción, «no consta adjudicación ni su formalización» en toda la documentación aportada. De hecho, se pone de manifiesto que «la contratación fue verbal», algo que prohíbe expresamente el artículo 37.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. También considera que se ha producido un «fraccionamiento ilícito de los contratos» con el fin de «eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan».

De hecho, señala que ambos contratos está firmados por Jurado en representación del Consell con la única finalidad de poder realizar el pago de las facturas «convalidadas por el procedimiento    de reconocimiento extrajudicial de deuda por omisión de la fiscalización preceptiva previa».