La aprobación este pasado martes en el Parlament de la nueva Ley de Turismo de Baleares continuó provocando este miércoles todo tipo de valoraciones. Desde el Consell d´Eivissa, el vicepresidente insular Mariano Juan reiteró que la ley es «una oportunidad perdida» puesto que el decrecimiento turístico y la reducción de la presión que sufre la isla en determinadas épocas del año deben llevarse a cabo a través de herramientas y mecanismos para combatir el turismo ilegal y las plazas ‘pirata’.
«Llevamos años desde el Consell reclamando nuevas herramientas jurídicas legales para poder cerrar pisos turísticos que suponen una competencia desleal. Creemos que la solución es atacar esta oferta ilegal y no imponer nuevas obligaciones y decrecimientos a quienes cumplen», manifestó el vicepresidente.
Juan recordó que en el Consell insular su modelo turístico es otro y, para defender su postura, aseguró que un claro ejemplo son los resultados logrados en 2021, cuando se aprobaron proyectos e inversiones de carácter privado valorados en 55 millones de euros y «sin crecer ni una sola plaza». «En los últimos 10 años, la isla de Ibiza ha decrecido en 9.500 plazas turísticas», insistió Juan, quien destacó las políticas llevadas a cabo para promover la reconversión de establecimientos sin imposiciones u obligaciones. «Es una oportunidad perdida porque se centra en la oferta legal cuando debería centrarse en la ilegal y el modelo debería incentivar inversiones privadas y no sancionar y obligar», concluyó.
Formentera
La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, expresó su satisfacción por la aprobación de esta ley «pionera» que incorpora temas de circularidad o la puesta en valor del producto local. Juan celebró que, en relación a Formentera, se han aceptado la práctica totalidad de enmiendas presentadas para que la norma recogiera las particularidades de la isla pitiusa, especialmente, aquellas referidas a los pequeños establecimientos familiares que pueden encontrarse con más dificultades a la hora de aplicar determinadas medidas.
Sobre la moratoria, la presidenta recordó que ya en 2019 el Consell estableció un techo máximo de plazas turísticas y «ahora ha llegado el momento de plantearse y pensar qué es lo que queremos para Formentera y qué queremos hacer con esas aproximadamente 3.700 plazas incluidas en la moratoria».
En este sentido, Juan deseó que sea toda la ciudadanía la que decida en estos próximos dos años si estas plazas son realmente necesarias para la isla.
Las patronales
Desde distintas patronales expresaron también este miércoles sus consideraciones sobre la norma. En CAEB Pitiusas lamentaron que la normativa se ha aprobado sin el consenso general de todos los partidos, lo que puede introducir factores «incómodos» en determinados contenidos. El vicepresidente José Antonio Roselló destacó que a través de la labor parlamentaria se han logrado pequeñas mejoras, aunque la ley nace «de manera controvertida, por lo que habrá que adaptarse a ella siempre en la medida de nuestras posibilidades y algunas empresas van a sufrir financieramente».
La presidenta de la Federación Hotelera pitiusa, Ana Gordillo, consideró que la postura de su patronal ha sido clara desde el primer momento, con puntos sobre los que nunca se llegará a acuerdos o entendimientos y con otros que han podido negociarse, lográndose mejoras para los asociados.
Por su parte, los socialistas de Ibiza celebraron este miércoles la aprobación de esta ley y reclamaron al Consell d’Eivissa que lleve a cabo la revisión de plazas turísticas durante la moratoria establecida.
El apunte
Cs también recuerda que la oferta legal no es el problema
Sonia Ribas
1 comentario
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Una cosa es Ibiza y otra cosa es el impresentable del consell a ver si somos menos partidistas