Acceso a Casa Lola un día de fiesta. | Toni Planells

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El Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado este jueves una modificación de crédito extraordinario para poder reservar 428.000 euros para la demolición de parte del complejo turístico ilegal Casa Lola.

Tras aprobar su inclusión de urgencia en el orden del día del pleno el concejal de Hacienda, Vicent Roselló, explicó que se había optado por esta vía de urgencia «para poder llegar a tiempo con toda la tramitación completada» para cumplir con la autorización judicial de entrada al recinto y proceder a la ejecución subsidiaria del restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada, para la que el Ayuntamiento dispone de un plazo de 60 días.

La reserva de fondos se ha hecho en base a las estimaciones preliminares del posible coste de la demolición de las construcciones que puede haber construidas ilegalmente dentro de la finca, en varios volúmenes que suman cerca de 2.000 metros cuadrados edificados, «ya que la falta de colaboración de la propiedad ha impedido la comprobación del lo que realmente se ha construido». Estos 428.000 euros incluyen a su vez el coste del proyecto y de la dirección de obra.

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Roselló explicó que, inicialmente, será el Ayuntamiento de Sant Josep el que asuma este gasto «ya que hasta el momento la propiedad no ha cumplido con la sentencia que les obliga a derribarla ellos mismos», pero recordó que este dinero «lo reclamaremos posteriormente a los infractores».

Tanto el Grupo Popular como Proposta per Evissa (PxE) se abstuvieron en este punto ya que, aunque se mostraron a favor de restablecer la legalidad urbanística en esta finca, coincidieron en señalar que el expediente estaba incompleto y poco fundamentado. En este sentido el portavoz de los populares, Javier Marí, insistió en que, «por muy urgente que sea, se podía haber previsto con anterioridad este gasto y se podría haber tramitado de la forma correcta».

Vicent Torres, de PxE, recordó que «el hecho de que sea urgente no significa que no se hagan las cosas como toca». En su caso, denunció que ni siquiera se le convocó en tiempo y forma a la junta de portavoces para debatir este punto.