Imagen de archi vo de Rafa Ruiz junto a Alfonso Molina durante un pleno del Ayuntamiento. | D.E.

Desde que en 2015 accediera a la alcaldía de Ibiza, el socialista Rafa Ruiz solo ha plantado cara al Govern de Francina Armengol en una ocasión. Lo hizo para defender a su mano derecha, el también socialista Alfonso Molina, tras estallar el escándalo del informe del SOIB. Un informe en el que el ente público constataba que el entramado de empresas de Molina había cobrado indebidamente varias subvenciones destinadas a la realización de cursos para parados y trabajadores en Ibiza y que publicó en exclusiva Periódico de Ibiza y Formentera.

«Es curioso que los señores de la conselleria (en referencia a Iago Negueruela) que filtran informes privados a los medios de comunicación vengan aquí a dar lecciones», dijo Ruiz a principios de mayo de 2018, «así que la conselleria tiene mucho que explicar. Ya veremos si lo explica. A partir de aquí, que cada uno se haga responsable». Ruiz se pronunciaba de este modo un día después de que Molina hubiera presentado su dimisión como primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Transparencia del Ayuntamiento de Ibiza.

Obligado a dimitir

El escándalo del SOIB coincidió en el tiempo con la reapertura del caso Eivissa Crea, por el que Molina volvió a ser imputado, junto a otros altos cargos del PSOE, por presuntos delitos de corrupción. Su dimisión obedeció, según dijo entonces el Ayuntamiento al hecho de que «el cuestionamiento público de su vida profesional se ha convertido en un problema».

«¡Han ganado los malos!», tuiteó aquellos días la concejal Elena López en un intento de convertir el escándalo en una simple jugarreta política de la oposición. Pero la realidad era muy diferente. López había sido empleada del dimitido concejal. Y, además, a nadie se le escapaba ni entonces ni ahora que Alfonso Molina, el auténtico cerebro del Gobierno de Rafa Ruiz, había bordeado en alguna ocasión la fina línea entre lo legal o lo ilegal sin que el alcalde pareciera percatarse o le diera la necesaria importancia.

El de su fichaje por Citelum es tan solo uno de los embrollos en los que Molina y Ruiz han ido de la mano a lo largo de estos años. Alfonso Molina dimitió en mayo de 2018 de sus cargos en el Consistorio y comenzó a trabajar par Citelum en enero de 2020. Esta compañía es la concesionaria del servicio de alumbrado público en Ibiza. Y fue Molina el que había negociado con sus representantes el pago de una indemnización de 2,8 millones de euros en 2016. Alguien entendió que, al trabajar para Citelum, Molina podría estar incumpliendo la «normativa de incompatibilidades» y lo denunció ante la Oficina Anticorrupción de Baleares. El caso fue resuelto recientemente y, aunque ha sido archivado, esta entidad sí señala que podría haberse dado alguna irregularidad en su relación laboral con Citelum. Sin embargo, un oportuno informe del Ayuntamiento ha permitido que el asunto se salde sin consecuencias

Caso Nascor

La huella de Alfonso Molina es también evidente en el caso Nascor, destapado por Periódico de Ibiza y Formentera . El Gobierno de Ruiz contrató a esta empresa en 2021 para la redacción del II Plan de Infancia y Adolescencia del municipio. Esta, a su vez, contrató a la secretaria general de las Juventudes Socialistas, Azahara Peña, estrechamente vinculada a Molina y que presta sus servicios en las instalaciones municipales del CETIS. Nascor compartía con Molina números de teléfono y actividad vinculada a los cursos para parados y trabajadores con financiación pública. Además, una de sus sedes en Ibiza es el hotel Putxet, propiedad de Joan Serra Mayans, otro socialista imputado.

Con estos mimbres, la contratación de Alfonsa Boned a principios de 2022 como cargo de confianza de Ruiz tampoco podía extrañar. Una vez más, la destinataria del contrato estaba vinculada a Molina. Y es que Boned, contratada ahora como coordinadora de Modernización y Mejora Continua del Consistorio, ostentó cargos en tres de las empresas de Molina implicadas en el caso Eivissa Crea. Una trama empresarial que facturó presuntamente de forma irregular 566.000 euros al Consistorio de Ibiza entre 2007 y 2010. La Justicia sigue investigando a día de hoy el destino de este dinero.