Patronales de las islas celebran las intenciones del Govern dirigido por Marga Prohens de impulsar una profunda transformación de la normativa en materia de vivienda para favorecer la cesión de suelo público a promotores, además de implantar cambios legislativos que permitan subir alturas y reconvertir locales comerciales en espacios habitacionales.

Los constructores

La presidenta de la Asociación de Construcción y Derivados de Ibiza y Formentera, Consuelo Antúnez, reconoció ayer que «es muy interesante todo lo que se pueda hacer para contar con más vivienda». Al mismo tiempo, no ocultó cierta sorpresa puesto que el suelo público suele estar en manos de instituciones como los ayuntamientos.

«En otras ocasiones, desde el Govern se habían quejado de que los consistorios no cedían suelo y que por eso no se podían construir determinadas infraestructuras», puntualizó Antúnez.
En cualquier caso, insistió en lo positivo que es este anuncio para la población, en general, y para los constructores, en particular, «puesto que nos supondrá tener trabajo».

Los API

José Miguel Artieda, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares y de la Asociación API Baleares, celebró también el anuncio del Ejecutivo de Marga Prohens, destacando que «todo lo que sea la colaboración público-privada destinada a construir vivienda protegida o a un precio tasado nos parece una medida muy acertada».

Sobre las modificaciones que pueda sufrir la ley balear, permitiendo incluso que locales comerciales puedan ser reconvertidos en espacios para residir, Artieda declaró que «son cambios bienvenidos», aunque deberían ir dirigidos a lo que realmente importa: sacar al mercado viviendas para los residentes en las islas.

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«Todas estas excepciones que se pueden hacer como un cambio de uso de locales comerciales están bien, siempre que sea para destinar estos espacios al mercado del alquiler tasado o incentivado, quedando por debajo del precio de mercado. Ello debería ser el objeto de estas modificaciones», reclamó.

El presidente, en concreto, se refirió a la grave problemática habitacional que se registra en Ibiza, insistiendo en la necesidad de que todas estas medidas se dirijan a residentes o a trabajadores de la función pública para que puedan optar a una vivienda a un precio asequible.

Los cambios

Recientemente, el Govern balear anunció sus intenciones de impulsar todas estas iniciativas, plasmando estas propuestas en una profunda reforma de la actual Ley de Vivienda balear, que también eliminará la expropiación del uso de las casas vacías propiedad de grandes tenedores. Sin embargo, como paso previo, el equipo de la Conselleria balear de Vivienda ya se ha puesto a trabajar en la redacción de un decreto de emergencia habitacional que podría estar aprobado este mismo otoño.
Las medidas incluyen la cesión de suelo público a los promotores para que sean ellos quienes construyan las viviendas y luego las pongan a alquiler bajo su responsabilidad. El precio del alquiler vendría fijado por la Administración, por debajo del precio de mercado, y los inmuebles pasarían años después al parque público de la Comunidad.

Una de las propuestas más llamativas, recogida en el programa del PP, es la posibilidad de dar facilidades a la reconversión, por una parte, de locales comerciales en viviendas y, por otra, de inmuebles de tipología antigua y grandes dimensiones en más de una residencia.

También se establecerán facilidades y cambios normativos para el desarrollo de viviendas de coliving y cohousing para trabajadores de temporada o para estudiantes. La Conselleria que dirige Marta Vidal prepara, además, la eliminación de cargas burocráticas y prevé una herramienta para que los proyectos se tramiten de forma simultánea en las diferentes administraciones.

La nueva normativa flexibilizará el régimen de las reservas de suelo para Viviendas de Protección Oficial (VPO) y que sean los ayuntamientos los que decidan dónde. También se incluye la legalización de construcciones que estén fuera de ordenación, siempre que sea a cambio de rehabilitar el inmueble con medidas de eficiencia energética e hídrica y el pago de una sanción. Con el dinero que se recaude, el Govern hará actuaciones ambientales o de promoción de suelo público.