La presidenta de la Plataforma per la Catalogació dels Camins Públics d'Eivissa, Antònia Maria Cirer, se mostraba ayer "más que satisfecha" por el interés que su última actividad había suscitado en la isla. "Estamos encantados y nunca habíamos tenido tanto éxito de convocatoria", insistió.

Más de 300 personas se sumaron este domingo a la celebración del IV Día de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos, una jornada reivindicativa organizada en todo el país por distintas entidades estatales.

Momentos antes de iniciar la ruta senderista de 10 kilómetros por las inmediaciones de Sant Llorenç, Cirer recordó que la Plataforma se creó en 2018 para responder a la inquietud de diferentes colectivos ante la inseguridad jurídica que existe en la defensa de unos bienes históricos como puedan ser los caminos públicos.

"Esta jornada es para reivindicar que la catalogación de estas vías vaya adelante y se haga efectiva. Todos los ayuntamientos trabajan en ello, unos con más ímpetu que otros, pero podemos decir que toda la catalogación ha sido impulsada en los cinco municipios con el asesoramiento y apoyo del Consell. Lo que queremos es que los ayuntamientos cataloguen de una vez los caminos porque son bienes públicos", explicó la presidenta.

Cirer consideró importante que también el Consell, en esta materia, "juegue sus cartas" para lograr cierta armonía en el resultado final de este trabajo.

Animando a los ibicencos a hacerse socios de la Plataforma, desde el colectivo difundieron ayer un documento en el que precisamente se reclamaba una colaboración "máxima" entre las instituciones locales para disponer de un catálogo de caminos insular "lo más homogéneo posible". Según reiteraron, el Consell debe ser el organismo que coordine este trabajo, facilitando a los ayuntamientos aquellos recursos que puedan necesitar para realizar el catálogo e incluso gestionar después el mantenimiento de la red.

La Plataforma per la Catalogació dels Camins Públics d'Eivissa también explicó la importancia de que Ibiza se adhiera a la Ley 13/2018, de 28 de diciembre, de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca y que la normativa pase a ser una ley balear.

Otro punto importante es la exigencia a las instituciones locales de que no asfalten ningún camino que no lo esté ya en la actualidad, garantizando también soluciones homogéneas para mantener los accesos al patrimonio hidráulico de las islas como pozos o fuentes y los accesos a puntos de costa donde tradicionalmente han existido actividades como la pesca o el baño.

Este colectivo reclama además que se usen fondos del Impuesto de Turismo Sostenible para crear una red insular de rutas.