Justicia podrá derribar sa Graduada para hacer un juzgado «absolutamente nuevo»

Así lo aseguró ayer el teniente de alcalde, Santiago Pizarro, en relación a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Palma, que anula la declaración de Bien Catalogado (BC) de la antigua escuela, que obligaba a proteger parte de inmueble, rehabilitarlo e incluirlo en el proyecto de los nuevos juzgados.

Según Pizarro, esta sentencia «facilitará mucho los trabajos» porque permitirá que el Ministerio de Justicia tenga «manos libres para hacer un edificio 100% nuevo, si lo considera oportuno». Una decisión más que probable, según el teniente de alcalde, ya que el Ministerio «siempre ha manifestado su intención de levantar un edificio emblemático» mientras que consideraba «una gran debilidad para el proyecto tener que mantener la parte antigua, porque encarecía mucho y dificultaba las tareas de construcción».

El teniente de alcalde afirmó que la sentencia «demuestra» que la protección de sa Graduada, aprobada en la anterior legislatura del PP en el Consell, «era un procedimiento que se había iniciado con un objetivo único de boicotear el proyecto y que, desgraciadamente, se consiguió». «Un proyecto que podría haber estado acabado hace ya algunos años, con 80 familias realojadas, con unas obras ya en marcha, y a día de hoy estamos como estamos. Ésa es la triste realidad», destacó Pizarro sobre el proyecto de remodelación del centro de la ciudad, Eivissa Centre, que suma a la construcción de los nuevos juzgados en sa Graduada la creación de un aparcamiento subterráneo, el derribo de las viviendas de Santa Margarita, la transformación del actual juzgado y la demolición de la antigua Dirección Insular para construir el Auditorio Municipal.

En cuanto al acuerdo con el Ministerio de Justicia, el teniente de alcalde explicó que se permutará «el 100% del solar con el 100% de sa Graduada» por el edificio de los actuales juzgados y el local de la Dirección Insular, y detalló que antes de la sentencia el acuerdo obligaba al Ministerio a mantener la parte de la antigua escuela protegida.

Sin proyecto

Ahora, según Pizarro, Vila deberá valorar qué repercusiones administrativas y urbanísticas tiene la sentencia debido a que el acuerdo de permuta obliga a que «lo que aporte uno y lo que aporte el otro tenga valores muy similares». En este sentido, destacó que en la actualidad Ministerio y Ayuntamiento están «discutiendo» las valoraciones de la permuta.

Por otra parte, Pizarro explicó que el Ministerio no tiene un proyecto para los juzgados, por lo que no hay ningún diseño actual que modificar, aunque destacó que el más que posible derribo de sa Graduada «posibilitará que haya más metros cuadrados construidos» y que el número de juzgados «pueda crecer». Asimismo, descartó que también se ubique allí la Dirección Insular, como se preveía antes de la protección del inmueble. «Es otra de las grandes consecuencias que tuvo esto a parte de entorpecer todo el proyecto», destacó el teniente de alcalde, haciendo referencia a que el Consistorio ha tenido que ceder otro terreno para las futuras instalaciones de la Dirección Insular.

El PP exige a Tarrés que recurra la sentencia y asegura que es un fallo que «sienta un peligroso precedente»

El grupo popular del Consell d'Eivissa advierte que la interpretación legal que sustenta la anulación de la declaración de Bien Catalogado (BC) para sa Graduada y que sostiene que el interés general prevalece sobre los valores patrimoniales «sienta un peligroso precedente». Según los populares, de aplicarse «con criterio general» siempre se condicionaría la protección, «algo que afectaría, por tanto, a obras como el hospital, colegios y carreteras». Asimismo, el PP exige a Xico Tarrés que recurra la sentencia y que «defienda los intereses patrimoniales en lugar de los intereses particulares estrictamente urbanísiticos de una administración amiga». Además, recuerdan que la protección está avalada por informes de la UIB, el Col·legi d'Arquitectes, y el IEE; informes que la sentencia tiene en cuenta pero que, asegura, no prevalecen sobre «el interés general».

¿Qué dice la sentencia?

La jueza Irene Trunyols concluye admite el recurso presentado por la empresa mixita Itusa contra la declaración y concluye que si bien sa Graduada «goza de cierto valor histórico» no tiene «elementos arquitectónicos significativos que pudieran merecer preferencia frente al interés general concretado en la remodelación urbana del centro de la ciudad».