Fin a un largo historial de ocupación en la urbanización «Pinosol».
El juzgado de Paz de Santa Eulària supervisó ayer la orden de
lanzamiento que pesaba sobre cuatro de las cinco personas que desde
hacía más de dos años vivían en las casas de este residencial
abandonado, una situación que había llevado a litigar a los
actuales dueños del complejo como única fórmula que les quedaba
para conseguirlas plenamente. Las restantes cuatro casas fueron,
como las otras, tapiadas después de que se constatara que no había
nadie identificado oficialmente en ellas o bien sus ocupantes
accedieran a irse voluntariamente, no sin antes sacar los enseres
que había en su interior.
El juzgado aún debe decidir la suerte de un último vecino, un
«veterano» del lugar de nacionalidad argentina al que se le ha
aceptado un recurso que presentó en su día tras estimarse la
pertinencia del desalojo. Él es, desde ayer por la mañana, la única
persona que reside en lo que antaño era instalaciones del Ejército
que servían de polvorín. Atrás han quedado más de dos años de
pleito. «Pinosol» es una zona que, pese a su estado, contaba con
licencia de explotación turísticas pero sus actuales dueños afirman
que obtuvieron el lote por un buen precio y que, lejos de esta
posibilidad, piensan darle un «uso familiar», explicó uno de
ellos.
Los «okupas» más antiguos -alguno con hasta tres años de
estancia- defendieron durante este proceso su derecho a quedarse
alegando básicamente que no sólo hallaron casi en ruinas las casas,
de las que dicen nadie respondió, sino que además evitaron su total
deterioro «trabajando en ellas para conservarlas y vivir con
dignidad». Anteayer, uno de éstos, un jubilado, presentó un escrito
en el juzgado de guardia intentando impugnar el proceso al
considerar que no había sido del todo legal.
Harina de otro costal era la situación que derivaba de los
moradores eventuales de los otros bloques, personas sin identificar
-algunas de ellas incluso relacionadas con la delincuencia- y a las
que los vecinos del lugar atribuían la mayor parte de los robos y
molestias, especialmente en verano, cuando la población era más
numerosa. De esta situación se llegaron a quejar hasta los propios
«okupas» veteranos. El juez de Paz verificó el desalojo de las
cuatro casas afectadas. Los dueños del lugar, por su propia
iniciativa, decidieron entrar en las otras viviendas y vaciarlas
para tapiarlas. «Se desconoce quien está aquí, no tienen ningún
permiso y además son inmuebles donde ya estábamos haciendo
reformas», justificó uno de los propietarios.
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