Una zona de los apartamentos Pimar de Port des Torrent, que sufrió
una reforma irregular y que fueron clausuradas por la conselleria
de Turisme, andan camino de convertirse en un importante y nuevo
foco delincuencia en Sant Antoni y su bahía. Todo ello, en un hecho
parejo a lo que ya ha sucedido en lo que queda de la antigua sala
de fiestas «Sa Tanca». El estado de degradación en Pimar ya fue
denunciado por la oposición municipal en el Ayuntamiento de Sant
Josep, por lo que se pidió un informe.
Las viviendas se encuentran ahora plenamente ocupadas por
individuos en muchos casos sin oficio conocido, aparte de personas
que han venido a la isla para hacer la 'temporada' con la venta
ambulante que es perseguida directamente por los dos ayuntamientos
afectados en la zona. Pimar acoge hoy en día a un número
indeterminado de «residentes» que están como «okupas», número que
al menos supera la veintena según apuntan varias fuentes
conocedoras del caso. Las condiciones de vivienda en este sitio,
sin los mínimos indispensables para su habitabilidad, favorecen
lógicamente situaciones de marginalidad. La realidad de lo que
ocurra dentro es una incógnita. Algunas de estas mismas fuentes
señalan sus sospechas de que entre los mismos habitantes se cierren
negocios en los que se pacte el alquiler de las habitaciones entre
los interesados.
Asimismo, el nuevo vecindario de Pimar es de lo más variado. La
mezcla está servida con la combinación de personas de nacionalidad
española con otras provenientes del Magreb y rumanos, así como la
de los vendedores subsaharianos. Los vecinos atribuyen su
preocupación a la imposibilidad de conocer a ciencia cierta la
ocupación de estas personas y su temor a que muchos de ellos
pertenezcan a bandas especializadas en hurtos y otros delitos de
temporada durante el verano. El principal problema radica en que,
al parecer, los verdaderos propietarios de las instalaciones no han
presentado ninguna denuncia urgiendo a la desocupación del inmueble
ni tampoco se conoce ninguna iniciativa municipal encaminada a este
fin.
Así, ninguna fuerza policial puede intervenir ante la carencia
de una orden judicial que expresamente busque esta solución. El
juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Palma obligó
el año pasado al Ayuntamiento de Sant Josep a iniciar un nuevo
expediente de infracción urbanística y anular una licencia de obra
menor que otorgó a la empresa explotadora de los apartamentos
Pimar, quienes la aprovecharon para hacer no unos simples trabajos
sino unas importantes reformas en el inmueble. El Consell Insular,
por su parte, también tomó cartas en lo que estaba ocurriendo en
Pimar y a través de Turisme, ordenó la clausura de las
instalaciones -que contaban ya con habitaciones en la zona de la
recepción- al carecerse de permisos para la explotación turística.
Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con el concejal de
Urbanismo, Josep Marí Ribas, para conocer la información que baraja
el Ayuntamiento, así como la situación de los apartamentos, según
este municipio.
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