Una tienda de campaña sobre una de las terrazas de un apartamento de Pimar. Foto: KIKE TABERNER.

Una zona de los apartamentos Pimar de Port des Torrent, que sufrió una reforma irregular y que fueron clausuradas por la conselleria de Turisme, andan camino de convertirse en un importante y nuevo foco delincuencia en Sant Antoni y su bahía. Todo ello, en un hecho parejo a lo que ya ha sucedido en lo que queda de la antigua sala de fiestas «Sa Tanca». El estado de degradación en Pimar ya fue denunciado por la oposición municipal en el Ayuntamiento de Sant Josep, por lo que se pidió un informe.

Las viviendas se encuentran ahora plenamente ocupadas por individuos en muchos casos sin oficio conocido, aparte de personas que han venido a la isla para hacer la 'temporada' con la venta ambulante que es perseguida directamente por los dos ayuntamientos afectados en la zona. Pimar acoge hoy en día a un número indeterminado de «residentes» que están como «okupas», número que al menos supera la veintena según apuntan varias fuentes conocedoras del caso. Las condiciones de vivienda en este sitio, sin los mínimos indispensables para su habitabilidad, favorecen lógicamente situaciones de marginalidad. La realidad de lo que ocurra dentro es una incógnita. Algunas de estas mismas fuentes señalan sus sospechas de que entre los mismos habitantes se cierren negocios en los que se pacte el alquiler de las habitaciones entre los interesados.

Asimismo, el nuevo vecindario de Pimar es de lo más variado. La mezcla está servida con la combinación de personas de nacionalidad española con otras provenientes del Magreb y rumanos, así como la de los vendedores subsaharianos. Los vecinos atribuyen su preocupación a la imposibilidad de conocer a ciencia cierta la ocupación de estas personas y su temor a que muchos de ellos pertenezcan a bandas especializadas en hurtos y otros delitos de temporada durante el verano. El principal problema radica en que, al parecer, los verdaderos propietarios de las instalaciones no han presentado ninguna denuncia urgiendo a la desocupación del inmueble ni tampoco se conoce ninguna iniciativa municipal encaminada a este fin.

Así, ninguna fuerza policial puede intervenir ante la carencia de una orden judicial que expresamente busque esta solución. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Palma obligó el año pasado al Ayuntamiento de Sant Josep a iniciar un nuevo expediente de infracción urbanística y anular una licencia de obra menor que otorgó a la empresa explotadora de los apartamentos Pimar, quienes la aprovecharon para hacer no unos simples trabajos sino unas importantes reformas en el inmueble. El Consell Insular, por su parte, también tomó cartas en lo que estaba ocurriendo en Pimar y a través de Turisme, ordenó la clausura de las instalaciones -que contaban ya con habitaciones en la zona de la recepción- al carecerse de permisos para la explotación turística. Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con el concejal de Urbanismo, Josep Marí Ribas, para conocer la información que baraja el Ayuntamiento, así como la situación de los apartamentos, según este municipio.