Agentes del Cuerpo Nacional de Policía Nacional detuvieron en Eivissa a siete personas que, según la información policial, formaban una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en un chalé de la zona de Platja d’en Bossa. Desde Comisaría informaron ayer que la organización se quedaba con el 50% de los ingresos de las prostitutas, que vivían en condiciones de hacinamiento y eran obligadas a estar disponibles las 24 horas del día.

Las investigaciones comenzaron a principios de este año, cuando los agentes detectaron actividad de un chalé de Platja d’en Bossa que se publicitaba tanto en medios de comunicación locales como a través de internet, y en el que se ofertaban distintos servicios de prostitución. Después de concretar algunos extremos de la investigación, los agentes obtuvieron un mandamiento judicial de entrada y registro. Los agentes irrumpieron el domingo en el chalé.

En el interior localizaron a 28 mujeres de distintas nacionalidades «dispuestas a ofrecer servicios sexuales durante las 24 horas del día», señalaron desde Comisaría. «Estaban recluidas en dos estudios con capacidad para ser habitados por dos personas y se encontraban en una situación de hacinamiento, teniendo que utilizar incluso la cocina como dormitorio», añadieron.

La gestión de las ganancias económicas estaba exclusivamente en manos de los miembros de la organización, que se quedaban con el 50% de cada ‘servicio’. Para el cobro empleaban incluso dispositivos telemáticos, destacaron desde Comisaría.

En Jesús

Los agentes también practicaron otro registro en el domicilio de los miembros de la organización, situado en Jesús, donde se intervino gran cantidad de documentación y donde, además, los agentes comprobaron la existencia de ordenadores a través de los cuales se podían visualizar las cámaras instaladas en el chalé, tanto en zonas de acceso solo de ‘empleadas’ como de los clientes.

Los investigadores ofrecieron a las trabajadoras del burdel la posibilidad de acogerse a programas de apoyo asistenciales. Las pesquisas continúan abiertas y, en estos momentos, apuntan al examen de la documentación contable e informática.

La operación policial corrió a cargo de los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría de Eivissa, pero en el registro del chalé también intervinieron agentes del Operativo de Extranjeros GOE, Fronteras, Estupefacientes, SAF, Policía Científica y de la Brigada de Seguridad Ciudadana.

También se contó con la colaboración de la Inspección de Trabajo.