Ayer, durante la segunda jornada del gran juicio por tráfico de drogas en Formentera que derivado de la operación Tristán que realizaron los agentes del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en octubre de 2010, declararon varios compradores de droga que señalaron a algunos de los acusados como sus ‘camellos’. Otros, por contra, negaron haber comprado cocaína a los acusados.
Entre los primeros, los que señalaron a algunos de los acusados, se encuentra la pareja del exvicepresidente del Consell de Formentera, que explicó que ella realizaba llamadas para adquirir cocaína con toda naturalidad porque no imaginaba que los teléfonos de los acusados pudieran estar intervenidos. De hecho, en la sala se escucharon varias llamadas realizadas por la testigo a una de las acusadas. Al menos en una de ellas esta persona hablaba, para la compra de cocaína, con la hija de la acusada, que entonces era menor de edad. «Tienen las voces muy parecidas», señaló la testigo.
Ayer, además de las declaraciones de los testigos, también se escucharon las de los peritos, que informaron acerca de la adicción a la cocaína de los acusados. Todos ellos se presentan como adictos a esta droga.
Tras escuchar todas estas declaraciones, la representante del ministerio público mantuvo las acusaciones originales contra cada uno de los diecisiete acusados. No obstante, en el banquillo de solo se han sentado trece imputados, ya que cuatro de ellos, precisamente cuatro de los principales, se encuentran fugados y han sido declarados en búsqueda y captura. De estos trece imputados, tres de ellos se autoinculparon en sus declaraciones, realizadas el martes, primer día de juicio.
Las conversaciones
La fiscal se ratificó en su alegato final en lo ya expresado en el escrito de acusación, cuyos planteamientos, a su entender, se vieron apoyados a lo largo de la vista por los interrogatorios a los acusados y a los testigos, entre ellos los agentes de la Guardia Civil responsables de la operación.
En cuanto a la impugnación de las intervenciones telefónicas que realizaron algunos de los abogados, la representante del ministerio público indicó que «el oficio estaba absolutamente motivado». En su declaración del martes, el principal responsable del EDOA señaló que se decidió emprender la operación Tristán a causa de «la alarma social en Formentera porque había mucha gente vendiendo droga».
En cuanto a los dos acusados de nacionalidad marroquí -la mayor parte son colombianos-, que aseguran que no son vendedores de cocaína sino solo consumidores, la fiscal dijo que su alegato no resulta creíble, ya que, tal y como se expresa en una de las conversaciones intervenidas, mantenían deudas «demasiado elevadas para ser de autoconsumo».
Los acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los tres y los siete años de cárcel.
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