Ayer la reacción fue unánime. Jueces, abogados, secretarios judiciales y procuradores de Eivissa se mostraron indignados con el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, por la nueva Ley de Tasas Judiciales, que entró en vigor ayer a pesar de que no se pudo aplicar, ya que en su publicación en el BOE, el pasado miércoles, el Ministerio olvidó incorporar los formularios para poder ejecutarlas Este ‘olvido’ no causó únicamente extrañeza, sino que también levantó sospechas. Algunos piensan que el olvido podría no ser tal, sino que se trataría de una estrategia para calibrar la reacción de los profesionales y actuar en consecuencia. Pero además de indignación, la nueva ley también generó estupefacción, sobre todo con la duda de si las tasas se aplicarán o no con carácter retroactivo. Unos dijeron que tenían información que aseguraba que sí, pero otros señalaron lo contrario. «Son todo elucubraciones, no sabemos cómo derivará...», señaló una autoridad judicial.
Justicia efectiva
En cuanto a las críticas, son comunes en todos los sectores: se vulnera la Justicia efectiva, lo que choca frontalmente con los artículos 1 y 24 de la Constitución, y se consagra «una Justicia para ricos» que deja fuera del sistema a los más vulnerables. Así lo ve, por ejemplo, Carmen Robles, jueza sustituta de Eivissa en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer: «Si una persona no tiene dinero para recurrir, no podrá acceder a la Justicia». Robles considera que esta ley tiene un claro objetivo «recaudatorio y disuasorio». «Elevaremos una protesta ante el CGPJ», anunció. Hoy a las 13,30 horas los jueces de Eivissa han convocado a la prensa para mostrar su opinión públicamente sobre la nuevas las tasas, una convocatoria formulada también en muchos otros partidos judiciales.
El delegado en Eivissa del Ilustre Colegio de Abogados de Illes Balears (ICAIB), Juan Antonio Marí, anunció ayer: «Nos vamos a coordinar a nivel balear para llevar a cabo posibles convocatorias de protesta». También recordó que el ICAIB va a presentar un recurso de inconstitucionalidad y apuntó que, a su juicio, la nueva Ley de Tasas Judiciales «deja fuera de juego a la Justicia, ya que se cercena el derecho a una Justicia efectiva», que se consigna en el artículo 24 de la Constitución.
Como las novedades que incorpora la ley son muchas y acarrean consecuencias que aún no se pueden calibrar con exactitud, los abogados no son capaces de explicarlas con seguridad. No obstante, Juan Antonio Marí apuntó que la nueva ley sigue manteniendo la justicia gratuita en el ámbito penal y, en cualquiera de los casos, no se verán afectadas las personas que ganen menos de 14.928,28 euros al año.
El decano de los abogados de Baleares, Martín Aleñar, considera las tasas «totalmente desproporcionadas y alejadas de la realidad económica y social», supondrán un serio retroceso en el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y una quiebra de principio constitucional de igualdad.
Por su parte, desde el ámbito de la Procuraduría también se mostró rechazo hacia la nueva norma: «Es una ley desproporcionada y puede haber una vulneración de derechos fundamentales».
Los casos
MULTA DE TRÁFICO
Para recurrir una sanción de cien euros habría que pagar una tasa de 150
Los abogados están estudiando la nueva Ley de Tasas Judiciales y todavía se muestran inseguros a la hora de señalar sus efectos. Sin embargo, ayer un letrado de Eivissa explicó que en el caso de que un particular quiera interponer una multa de tráfico de cien euros tendría que empezar por depositar una tasa de 150 euros, lo que, en principio, llevaría a cualquier letrado a aconsejar a su cliente que lo mejor que puede hacer es pagar aunque a todas luces la sanción haya sido impuesta de forma injusta o ilegal.
POSIBLE NEGLIGENCIA MÉDICA
Para comenzar un procedimiento de este tipo habría que desembolsar miles de euros
Para emprender un procedimiento por asuntos como una negligencia médica o un accidente de tráfico, casos en los que, en principio, se solicitan indemnizaciones millonarias, habría que depositar el 0,50% de lo pedido más 300 euros de tasa fija. En un caso en el que, por ejemplo, se pida una indemnización de medio millón de euros por una negligencia médica grave, habría que pagar para comenzar, 2.800 euros. Estos casos suelen acabar en el Supremo. Por cada recurso habría que pagar 800 euros más. Si se gana, el dinero se recuperaría.
La ley de la selva
Esta nueva norma del Gobierno consagra la ley de la selva: quien tenga el dinero necesario para pleitear podrá reclamar Justicia, quien no lo tenga tendrá que aguantarse. Con esta premisa, casi cualquier injusticia es posible. Desde el punto de vista formal, ésta es la mayor barbaridad cometida hasta ahora por el Gobierno de Rajoy, pues reduce la Justicia a la categoría de servicio público, como la sanidad o la limpieza de las calles, cuando se trata de un poder del Estado. Sería equivalente, por ejemplo, a instaurar el sufragio censitario.
1 comentario
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Esta mañana desde Fondo de Bikini Bob Esponja y su amigo Patricio también se han quejado del tasazo de Gallardón. En cambio , la ex defensora del pueblo calla, quizás tenga miedo que le suspendan la indemnización .