«Hay que estar en plena disponibilidad, siempre pendiente de que te llamen, pero mientras tanto no recibimos ni un céntimo», dice Inmaculada Galván, presidenta de la asociación de jueces Concepción Arenal, defensora de los intereses de los cerca de 1.500 jueces sustitutos que hay en toda España.
Galván se queja de que han sido «siempre la cenicienta de la justicia» ya que llevan mucho tiempo ejerciendo, incluso algunos cerca de 30 años desde que se creó la figura en 1985 tras la desaparición de los juzgados de distrito, y todavía no tienen un estatuto orgánico que les regule.
Por eso, han emprendido «acciones legales» para conseguir la «estabilidad laboral» coincidiendo que la mayoría de ellos llevan meses sin trabajar desde que en diciembre se aprobara la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que convierte en «excepcional» la figura del juez sustituto y transfiere esta función a otros miembros de la carrera o a jueces en prácticas.
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