Govern, consells, ayuntamientos, Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales actuarán de forma conjunta y coordinada para poner fin a este tipo de acciones prohibidas a lo largo del verano con multas de hasta 600.000 euros para infracciones muy graves, según figura en el anteproyecto de decreto ley que hoy tiene previsto aprobar el Govern.
Se sancionará el incumplimiento de los límites de aforo cuando se produzca un riesgo para la salud y se entiende muy grave los incumplimientos que afecten a más de 150 personas.
También se considera muy grave comercializar reuniones o fiestas con aglomeraciones que impidan las medidas de prevención o el incumplimiento de inhabilitar la pista de baile de una discoteca, entre otras. Como medida extraordinaria, se podrá decretar el cierre del local.
El primer operativo, que ya está diseñado y formado por seis equipos, se llevará a cabo este fin de semana «con actuaciones en las cuatro islas y en cualquier franja horaria», explicó la consellera d’Administracions Públiques, Isabel Castro, quien no desveló ni el número de actuaciones ni los lugares concretos donde se llevarán a cabo «para no dar pistas» a los infractores.
Castro informó de este plan tras la reunión del pleno de la Comissió d’Emergències i Protecció de la Comunitat, con presencia de representantes de todos los niveles de la Administración, cuya finalidad era la de coordinar este plan. «La irresponsabilidad de unos pocos no puede acabar con el trabajo de la mayoría», aseguró Castro, quien hizo un llamamiento a la responsabilidad individual.
Las actuaciones se llevarán a cabo por parte del cuerpo de inspectores de la Comunitat – de cualquier ámbito –, de los técnicos de Emergències, de los inspectores de turismo de los consells de Menorca, Ibiza y Formentera, policías locales, Guardia Civil y Policía Nacional. En caso de que un ayuntamiento no disponga de suficientes efectivos de policía local se deberá poner en contacto con la Delegación de Gobierno, según indicó el secretario general de la institución, ramón Morey. «Este tema ya está hablado y aclarado», dijo.
Está previsto que las intervenciones conjuntas inspecciones y levante actas de las infracciones observadas respecto del cumplimento del aforo permitido en todo tipo de reuniones, fiestas y locales de ocio; los horarios de apertura autorizados; el uso obligatorio de las mascarillas por parte de participantes y trabajadores, en caso de que haya; y el mantenimiento de la distancia de seguridad.
En cuanto a las fiestas y reuniones en domicilios privados, Castro reconoció que no se puede entrar sin la correspondiente autorización judicial. Por ello, se trabajará de forma constante y en colaboración con la patronal de salas de fiestas para «lograr la mayor información posible».
El decreto ley que que entrará en vigor de inmediato establece un rango de sanciones en función de su gravedad que van de los 100 euros para las faltas leves a los 600.000 para muy graves.
EL APUNTE
Las sanciones también sirven para la ley de excesos
El decreto ley que quiere aprobar hoy el Consell de Govern introduce un cambio en la ley de excesos para que a todas las infracciones que recoge ese documento se les aplique el mismo régimen sancionador, es decir, hasta 600.000 euros para una falta muy grave y posible cierre del local.
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