La celebración de juicios de los juzgados de lo Penal de Ibiza en la sala de vistas del juzgado de lo Social, en la calle Gaspar Puig n.º 3 de Vila, un lugar que no reúne las condiciones adecuadas para acoger detenidos y casos como los que ahora, por fuerza mayor, se ve en la necesidad de recibir. El trasiego de detenidos, los numerosos efectivos policiales que hay que destinar dada la inexistencia de calabozos y el reducido espacio, ponen en evidencia que así no se puede estar mucho tiempo más. Así lo manifiestan tanto el personal de los juzgados como los abogados, policías y el resto de operadores jurídicos, víctimas de una situación extraordinaria que deben soportar estoicamente.

El Consell d’Eivissa está a la altura.

Es deseable que los juicios con detenidos puedan celebrarse lo antes posible en las dependencias cedidas por el Consell d’Eivissa, institución que aunque sin competencias en la materia, se ha volcado para tratar de paliar la situación, poniendo sus recursos a disposición de la Administración de Justicia. Por descontado, la sede del Consell en la avenida de España, sin ser el lugar óptimo, reunirá mejores condiciones que la sala de vistas de lo Social.

Solo el juez decano da la cara.

Por increíble que parezca, aún no ha comparecido por la isla ni el presidente del TSJB, Antoni Terrasa; ni la delegada del Gobierno, Rosario Sánchez; ni ningún alto cargo del Ministerio de Justicia. Pese a lo extraordinario de la situación, sin precedentes en todo el Estado, del incendio de una sede judicial y la paralización consiguiente de la actividad de numerosos órganos jurisdiccionales, no deben apreciar causa suficiente para visitar Ibiza y comprobar personalmente la situación caótica que aquí se vive. Es lamentable. Solo el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, parece estar a la altura del cargo y de las penosas circunstancias que la Justicia atraviesa. Su dignidad contrasta con aquellas autoridades superiores que son incapaces de tomar un avión y mirar a la cara a los afectados por este desastre.