Una de las cuestiones más sorprendentes que se ha insinuado durante la crisis del coronavirus la comentó el pasado miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los responsables de las finanzas autonómicas. Llegado el momento, el Estado se apropiaría de los 28.000 millones de euros que han ‘ahorrado’ los ayuntamientos desde 2008. Este dinero es el superávit impuesto por el ministro Cristóbal Montoro cuando intervino las cuentas municipales y prohibió a los consistorios que se endeudaran. Todo este esfuerzo de contención municipal podría destinarse ahora a pagar las inmensas facturas del Gobierno por la crisis sanitaria del coronavirus.
Los ahorros de cada cual.
La insinuación de la ministra ha causado estupefacción, porque en todo caso deberían ser las entidades locales o la propia Comunidad las que hicieran uso de estos ‘ahorros’ para paliar los efectos del coronavirus en sus propias demarcaciones. Y esto debería ser así, además, porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado muestras de incapacidad para coordinar los departamentos de la sanidad autonómica, que es lo que pretendía cuando decretó el estado de alarma. El Ministerio se ha visto desbordado hasta tal punto, que no ha podido siquiera realizar las compras de material sanitario. Comunidades como la de Balears, en cambio, sí lo han conseguido.
Saber gestionar la riqueza.
A diferencia de otros Estados de la Unión Europea, las arcas públicas españolas no tienen capacidad para responder con solvencia a una emergencia de este calibre. Tal vez por ello, el vicepresidente Pablo Iglesias recordó el domingo el artículo 128 de la Constitución, que dice: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Desde luego que sí, si los 28.000 millones tuvieran un buen destino y fueran bien gestionados. Pero visto lo visto, todo apunta a lo contrario.
