EditorialIbiza20/02/22 3:59
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Con un sorprendente retraso, una semana, todo el sector hotelero de Mallorca se ha manifestado en contra de la ley turística que promueve el Govern, una de las bazas legislativas más importantes para el titular de la Conselleria de Turisme, Iago Negueruela. De la tibia respuesta inicial de la presidenta de la Federación Hotelera, Maria Frontera, con una aceptación implícita de la moratoria de cuatro años para la autorización de nuevas plazas, se ha pasado al rechazo frontal. La que podría considerarse como medida estrella de un texto cuyo principal objetivo político y económico es el decrecimiento de la oferta, no gusta a los hoteleros. Es pertinente añadir que los hoteleros de Ibiza criticaron con dureza la ley en un primer momento, pero se mostraron dispuestos al diálogo tras escuchar las explicaciones de Negueruela.

Un falso consenso.

La ley turística que ha elaborado Turisme no cuenta, a la vista está, con el apoyo de los principales afectados, que sí aceptan lo relativo a la sostenibilidad y economía circular. En todo caso se trata de la constatación de la falta de acuerdo entre el Govern y los actores protagonistas de la ley, dato al que hay que añadir la oposición frontal del Partido Popular, que anuncia su retirada en el caso de que alcance la mayoría tras las próximas elecciones. Cabe preguntarse si tiene sentido pretender sacar adelante una nueva ordenación sin el mínimo compromiso de quienes van a resultar afectados, en especial si se valora su peso en la economía general de las Islas.

Una mercancía electoral.

El conseller Negueruela ha cometido un grave error de cálculo. Sus premisas han resultado erróneas. Cambiar el modelo turístico sólo es factible con la convergencia de voluntades, políticas y sociales; una premisa que se ha querido obviar. Un marco legal de esta trascendencia no puede convertirse en una mercancía electoral. Es mucho lo que se pone en juego para abordarlo desde el personalismo.