La petición de quince ayuntamientos de la comarca del Llevant mallorquín mediante la moción que presentarán en los próximos plenos, para que la Dirección General de Tráfico traslade las pruebas para la obtención del carné de conducir a Manacor debería ser aceptada sin más dilación por el organismo estatal; los perjuicios que se ocasionan a los aspirantes de la zona no admiten reparos. La situación de la DGT en Ibiza es aún peor ya que falta personal y Comisiones Obreras ha avisado de que la oficina puede cerrar. Sin duda nunca este servicio a la ciudadanía había funcionado tan mal como ahora.
Un servicio público
Cabe suponer que las mociones que previsiblemente se aprobarán por parte de los diferentes consistorios mallorquines golpee la conciencia de los responsables de la Dirección General de Tráfico, y no sólo en Balears; también en su cúpula dirigente de Madrid. A la hora de prestar un servicio público, como es el caso de los exámenes para la obtención del carné de conducir, la prioridad de la Administración debe ser la atención a las necesidades del ciudadano y no sólo en interés propio; da la impresión de que la descentralización está acotada a determinadas prestaciones –Agencia Tributaria, obtención del DNI, registros, ...– mientras que otras quedan desatendidas.
Dotación de medios
Cabe presuponer que la actitud de la DGT con respecto a la comarca de Llevant no es deliberada, debe responder a la escasez de medios de que dispone para realizar el control de las pruebas. Al respecto hay que recordar que la demanda ya se realizó décadas atrás en el mismo sentido sin que se haya atendido desde entonces, una actitud imperdonable teniendo en cuenta que el permiso de conducir es, en la inmensa mayoría de los casos, una herramienta indispensable para el desarrollo familiar, laboral y económico de los ciudadanos.
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