Las Administraciones competentes dieron ayer carpetazo a la polémica ampliación del puerto de Eivissa, que se encontraba enquistada desde hacía varios años por la trifulca política que vivían el PSOE y Eivissa pel Canvi, socios de equipo de gobierno en el Consell y el Ayuntamiento de Eivissa.

Las obras, tal y como anunció ayer Francesc Triay, se iniciarán a finales de este año y supondrán un importante cambio en la reordenación del puerto ibicenco. Una infraestructura que se quedó obsoleta hace ya bastantes años y que, durante décadas, tanto las administraciones como los vecinos, comerciantes, navieras y usuarios habían reclamado su renovación por los continuos problemas que generaba.

Este retraso y esta oposición ecologista (muy mitigada en los últimos tiempos) al proyecto son consecuencia, en gran medida, de la pésima gestión política que se ha hecho del puerto desde hace décadas. Desde mucho antes de que se construyera el polémico dique de Botafoc nadie ha sabido ni podido coger el toro por los cuernos en este asunto con lo que el problema se ha ido agravando hasta llegar hasta el año 2009. Lo ideal hubiera sido que la obra del dique de Botafoc conllevara todo lo demás, como una estación marítima y una reorganización del puerto, pero nunca se alcanzaron los acuerdos ni hubo los apoyos suficientes. Durante los últimos años tanto el tráfico portuario como la ciudad han crecido a un ritmo vertiginoso, lo que sin duda complica aún más la solución a este problema. La ampliación del puerto resulta necesaria por seguridad, comodidad, navegación, etc., aunque es de esperar que se haga sin dañar la ya de por sí complicada habitabilidad de la ciudad.