Ni público ni privado: supervisión

Pretender que una residencia (o lo que sea) va a funcionar mejor porque se ha ‘externalizado’ su gestión, como defiende tradicionalmente la derecha, es absurdo. Igual de absurdo que creer que la gestión pública va a garantizar por siempre el servicio que se deba prestar, como suele defender la izquierda; la gestión pública no garantiza nada, absolutamente nada, y está más que demostrado.

El debate público-privado esconde un hecho mucho más feo y más sucio, que las administraciones intentan mantener bajo la alfombra a toda costa: su propia incapacidad para supervisar los servicios que ellos mismos crean. ¿Qué más da si un servicio es público o privado, si nadie va nunca a ver qué hacen?, ¿qué más da si son funcionarios o asalariados o una empresa externa que contrata becarios, si nadie se ocupa nunca de vigilar el desempeño de sus funciones?

Parece claro que, más allá del debate sobre lo público y lo privado, están fallando gravemente los mecanismos de supervisión. Esto es mucho más grave en el caso de las residencias de ancianos, puesto que sus usuarios, muchas veces, no están en disposición de denunciar las negligencias y los abusos. Después de lo visto, las residencias en Eivissa (públicas o ‘externalizadas’) deberían someterse a un duro examen, y deberían establecerse mecanismos de control frecuentes y de verdad estrictos y fiables. Para una interna de Can Blai ya se ha llegado demasiado tarde.