La polémica sobre los remanentes de las instituciones públicas ha sacado a la luz que los ayuntamientos y los consells pitiusos tienen en el banco casi 155 millones de euros. Unos ‘ahorros’ que, a priori, debería ser motivo de orgullo por parte de los gobernantes pero que, en realidad, no es así. La existencia de estos millones, que los ayuntamientos o consells sólo pueden gastar en inversiones financieramente sostenibles, es decir, que no generen gasto a posteriori; no deja de ser un reflejo de la ineptitud de nuestros gobernantes. Para el que no esté familiarizado con el tema, el remanente es el dinero que una institución ha presupuestado para un ejercicio pero ha sido incapaz de gastarlo. Como los famosos siete millones de euros que en la legislatura pasada el Consell d’Eivissa presupuestaba en cada ejercicio para comprar pisos y que nunca llevó a cabo.

Es decir, a mayor remanente mayor incapacidad de gestión por parte de los políticos de nuestros impuestos. ¿Para qué quieren que paguemos tantos tributos si luego no saben en qué gastarlo? En lugar de entregarle los remanentes al Ministerio de Hacienda, lo que tendrían que hacer es devolvérselo a los ciudadanos en forma de más becas para estudiantes, más ayudas a los agricultores y menos impuestos a las pymes, que son las que dan empleo y generan tejido social en nuestros pueblos y ciudades. Puesto que me temo no va a ser así, el Gobierno tendría que buscar un nuevo acuerdo que se sustente en la mayoría del municipalismo y no tan solo en el apoyo de los alcaldes socialistas. Las instituciones locales lo merecen.