El 31 de julio de 2020, una semana después de la detención del entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Juan Gual de Torrella; del vicepresidente Miguel Puigserver; del director, Juan Carlos Plaza; y dos directivos más; además de la imputación de la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll; el vicepresidente del Govern balear y destacado líder de Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes, mostró su satisfacción por la decisión del Consell de Govern de cesar a Gual de Torrella. Y añadió: «Si de mí hubiera dependido, esta decisión se habría tomado antes». Dijo que con el cese de Gual de Torrella de la presidencia de la APB, «queda salvaguardada» la posición del Govern y de la APB. Y recalcó que era «absolutamente necesario» llegar a este punto por «limpieza democrática».
Casi tres años después, la investigación avanza, aunque muy lentamente, y la jueza instructora ya ha imputado a más gente de Ibiza, para esclarecer si se cometieron ilegalidades en el proceso de concesión de la dársena del puerto de Vila al Club Náutico Ibiza (CNI). Juan Marí, presidente del CNI y José María Costa, exconseller del Govern y hermano de la entonces consellera de Presidencia del Govern y actual portavoz parlamentaria del PSIB, Pilar Costa, además de candidata socialista al Parlament, también son investigados. Y ahora ha sido imputado el alcalde socialista de Vila, Rafa Ruiz, candidato a la reelección. ¿Qué opina de esto Juan Pedro Yllanes y Podemos, partido que, por cierto, gobierna en coalición con el PSOE en el Ajuntament d’Eivissa? No han abierto la boca, por lo que podemos afirmar que los morados y su lideresa, Antònia Jover, así como su candidata en Ibiza, Gloria Santiago, se ponen de perfil ante la presunta corrupción. Ahora no se muestran inflexibles, sino que guardan un estruendoso silencio que los hace cómplices de la situación.
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