La izquierda ha conseguido instalar en el imaginario colectivo la falsa creencia de que todo el que tiene una propiedad (ya sea un piso o una casa de campo) es un ávaro rico que especula con la propiedad para inflar sus arcas. Esta mentalidad alejada de la realidad nos ha llevado a una legislación abiertamente beligerante contra los propietarios, desposeyéndolos de la menor garantía y forzándolos a vivir situaciones rocambolescas.
Uno de los casos más habituales en Ibiza es el propietario que alquila su piso por 5 años (si es persona jurídica, 7 años) y su inquilino hace un uso fraudulento realquilando las habitaciones por precios estratosféricos sin contrato y cobrando en negro. Es decir, un negocio redondo. Ello provoca que el precio de los alquileres siga subiendo y que los propietarios se enfrenten a grandes complicaciones para desahuciarlos. Primero tendrán que demostrar ese realquiler fraudulento, algo que en ocasiones se antoja complicado. En caso de conseguirlo, el procedimiento judicial (con el coste correspondiente) se alargará más de un año con toda seguridad y, con suerte, el propietario recuperará la vivienda para arriesgarse de nuevo a ponerla en el mercado del alquiler.
En esta misma línea, los propietarios se enfrentan a otros problemas como los constantes impagos, el riesgo de que les devuelvan los pisos hechos unos zorros o tener que lidiar con las molestias que causan algunos arrendatarios. A ello se suma una Ley de Arrendamientos Urbanos desequilibrada y una fatídica Ley de Vivienda que limita sus derechos, coarta sus libertades y hace un abuso del malentendido concepto del «interés genera» y la «función social» de la propiedad. Legislar a golpe de eslogan es una práctica habitual que ha demostrado ser contraproducente.
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Pobrets, lloguen a 1.500 i es donen compte que tindrien que haver llogat a 2.500