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Tengo la impresión de que el Govern balear con su proyecto de ley de legalizar pisos turísticos en diversos barrios de nuestra isla está mareando la perdiz y, de pasada, intenta cobrar más impuesto, incluida la ecotasa. Aquí y ahora, nuestros hoteleros han denunciado que el Govern quiere “hacer caja” con los pisos turísticos, mientras que todos los alcaldes de Eivissa se oponen a dicha legalización. Entonces, puesto que la autonomía debe (debería) pasar por todas y cada de las islas, según el recordado presidente Adolfo Suárez, sería conveniente, prudente y pragmático que el Govern y el Consell de Mallorca legalicen los pisos turísticos que le dé la gana en la mayor de las Baleares y que a nosotros nos dejen en paz y tranquilidad.

Decía ‘ut supra’ que el Govern está mareando la perdiz y tengo la impresión que el rollo de los pisos turísticos es una huida hacia adelante, un intento para que no nos concentremos en los problemas que tenemos pendientes de solución, como es que no haya suficientes depuradoras de aguas residuales para dejar de contaminar el aire y el mar.

Y otra cosa muy importante es la necesidad de abastecer con agua potable a todos los municipios de Eivissa que lo necesitan. ¡Ahí les quiero ver! Instalen de una vez por todas la nueva y necesaria depuradora de aguas residuales del municipio de Eivissa en sa Coma, pongan en marcha la desaladora de Santa Eulària e instalen las tuberías de conexión para garantizar agua potable a todos nuestros ciudadanos. Todo lo demás son fuegos de artificio para despistar a la ciudadanía y a la clase política ibicenca. Así que, en el caso que nos ocupa, menos disciplina de partido y mirar por los intereses de todos los ibicencos.

Decibelios desbocados

Otro problema pendiente de solución desde hace muchos años y en todos los municipios de Eivissa es la contaminación acústica que generan establecimientos de ocio nocturno y diurno, incluyendo a los ‘beach clubs’ y los ‘party boats’. Es un tema que no debería producirse ya que hay una Ley del Ruido (estatal), otra del Govern balear y todos los ayuntamientos tienen ordenanzas municipales para impedir que los decibelios debocados ganen la batalla. Así que me parece lógico que la Delegación del Gobierno haga cumplir la ley, que los ayuntamientos impidan la contaminación acústica a los que no cumplan las ordenanzas relacionadas con el exceso de volúmenes musicales y, si hace falta, deberían precintar locales ruidosos e incrementar las sanciones económicas.