Hace unas semanas en esta misma sección se explicaba el caso de la concejala socialista de Sant Antoni que será juzgada por acoso laboral. El PSOE, lejos de aplicar su código ético que obliga a dimitir al cargo que vaya a ser juzgado, ha defendido públicamente a la concejala y ha reprendido públicamente al denunciante. Un hecho sin precedentes que retrata a la organización pitiusa, que tiene todo el apoyo de la dirección regional. No solo eso. También en Sant Antoni el gobierno del socialista Pep Tur está sustentado por el voto de una concejala tránsfuga, en contra del pacto contra el transfuguismo. La defensa que hizo Armengol sobre este asunto pasará a los anales de la historia. Dijo que lo importante era que en Sant Antoni gobernaban por primera vez los progresistas después de 35 años de gobiernos del PP. Sin duda un argumento de peso para mantenerse gracias a una concejala tránsfuga. Sobre incumplimientos de códigos éticos tenemos ahora el caso del alcalde de Palma, Antoni Noguera, imputado por una asociación de pisos turísticos. No dimitirá. Dice Més per Mallorca que prevaricación no es corrupción. Sí, han leído bien. Prevaricación, con el nuevo código ético de Més, no es corrupción. Y además, dicen, lo hizo en el ejercicio de su cargo. Los mismos que aplaudían hace cuatro años las dimisiones de los altos cargos del PP que debían renunciar a ser candidatos por imputaciones, ahora justifican el caso de Noguera. Este episodio da la razón a los que creen que una imputación no es suficiente para dimitir, en contra de lo que piensan precisamente los socios de Noguera, Som Palma, que ha pedido las renuncias incluso de políticos que no están imputados, como ocurrió en el caso de Sandra Fernández, por ejemplo. Vistas las contradicciones, lo mejor que podrían hacer con urgencia es tirar a la basura los actuales códigos éticos internos. Así evitarían hacer el ridículo.