El azote del urbanismo pendular

Esta semana el Consell d’Eivissa se ha reunido con los representantes del Colegio de Arquitectos de Ibiza y juntos han acordado solicitar al Govern balear que recupere la vigencia de la disposición transitoria décima de la Ley de Urbanismo, la cual permitía incorporar a ordenación aquellas edificaciones construidas ilegalmente en el pasado, cuyas infracciones ya han prescrito. Se trata de una petición sensata, dado que en la actualidad son muchas las familias que tienen una propiedad construida irregularmente por sus antepasados y ahora no pueden ni reformarla, ni derribarla. Es por ello que es deseable darles amparo legal, pagando sus correspondientes impuestos, dado que ello pone fin al quebradero de cabeza de muchos pequeños propietarios inocentes, aumenta la recaudación, no consume ni un solo palmo de territorio y permite rehabilitar y embellecer casas que habían perdido la oportunidad de solicitar licencia de obra. Esta reivindicación no sólo debe ser escuchada, sino atendida por Francina Armengol, dado que proviene de la máxima institución que representa la voluntad mayoritaria de los ibicencos. El conseller de Territorio, Mariano Juan, parece decidido a sentar las bases de una ordenación del territorio lógica, rigurosa y consensuada, que aporte seguridad jurídica a los administrados y profesionales del sector y se aleje de populismos hiperventilados que buscan rasgar cuatro votos con un ecopostureo fingido. Eivissa debe luchar ferozmente contra la especulación y el consumo de territorio desmesurado, sin obviar los derechos de los ibicencos que habitan en suelo rústico. Ese ansiado equilibrio es el que deberá buscar, perseguir y encontrar el nuevo gobierno insular, aunque el camino no estará exento de obstáculos burocráticos y baches políticos.