El ex conseller de Patrimoni acude, el 27 de mayo de 2009, a declarar como imputado. | Irene G.Ruiz

El Ministerio Público solicita una pena de tres años de prisión para el ex conseller de Patrimoni Joan Marí Tur, Botja, y para quien fuera su director de Patrimoni, Antoni Arabí Serra, por un presunto delito contra el patrimonio que habría sido cometido durante la construcción de las autovías en la pasada legislatura, informaron ayer fuentes judiciales. Igualmente, Fiscalía pide tres años de prisión para el constructor Matías Arrom Bibiloni y su jefe de obra, Sancho Àlvarez, de la empresa MAB, por el mismo supuesto delito. La denuncia que ha derivado en estas peticiones de prisión la interpuso el GEN y hace referencia a los restos arqueológicos destruidos durante las obras en el segundo cinturón de ronda.
Entre los bienes cuya destrucción se atribuye a la empresa MAB durante las obras de las autovías, con Marí Tur como conseller de Patrimoni, está parte del BIC del camino de Puig d'en Valls, una cisterna púnico-romana en Can Misses, una necrópolis rural romana, un tramo de 20 metros de acueducto romano junto a GESA, un edificio de época púnico-romana, una sitja y un yacimiento arqueológico en Can Sifre.
El Ministerio Público ha remitido su escrito de acusación recientemente al Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, que en breve podrá decretar la apertura de juicio oral.
Marí Tur y Arabí Serra declararon como imputados por este caso el 27 de mayo de 2009 ante el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 3, Pablo Mendoza, que ahora está en manos de la jueza Carmen Martín. Los responsables de MAB declararon, también como imputados, en Mallorca.
«Cumplir la legislación»
Previamente, el juez Mendoza encargó un peritaje que realizó una experta del Ministerio de Cultura y que concluyó con que los daños al patrimonio «se hubieran podido evitar» si se hubiera «cumplido la legislación».
A raíz de aquel peritaje se emitió un auto judicial que señalaba: «Llama especialmente la atención que, al parecer, no se haya incoado ni un solo expediente de infracción de la Ley de Patrimonio a la empresa adjudicataria de las obras pese a la palmaria evidencia de algunas infracciones».