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La entrada en vigor este mes de la nueva ordenanza que regula la ocupación de la vía pública ha provocado una crisis de gobierno en el tripartito de Sant Antoni. El pleno de la corporación aprobó en junio, con el voto en contra del PP, la reducción del horario de las terrazas. Con la nueva ordenanza se autoriza a los establecimientos a que puedan tener mesas y sillas en la calle hasta la medianoche. Sin embargo, los establecimientos que se comprometan a no poner música podrán mantener las mesas y sillas en la calle hasta las 2 de la madrugada.

Los problemas en el seno del equipo de gobierno se iniciaron a la hora de la aplicación de la ordenanza. Mientras el concejal de Urbanisme y segundo teniente de alcalde, Juanjo Ferrer (El PI), era partidario de empezar las inspecciones de manera progresiva e informar durante varias jornadas de los cambios normativos, la concejala de Governació y tercer teniente de alcalde, Aída Alcaraz, ordenó a la policía que desde el primer día se impusieran sanciones a los establecimientos que no cumplieran con la nueva normativa de ocupación de la vía pública, que entró en vigor el pasado miércoles 2 de agosto.

Otro de los motivos que ha provocado tensiones entre los miembros del tripartito han sido las diferencias de interpretación de la ordenanza. Al parecer, no existe unanimidad a la hora de determinar si los establecimientos pueden o no poner música a partir de las 2 de la madrugada, una vez hayan recogido las terrazas. Un hecho que, según las fuentes consultadas, desembocó en una sonora discusión entre Juanjo Ferrer y Pablo Valdés, quien ocupa el cargo de alcalde accidental mientras el alcalde, Pep Tur, disfruta de sus vacaciones estivales hasta el 15 de agosto.

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Además, algunos empresarios también se han soliviantado porque, al parecer, los agentes de policía ya han sancionado a más de 30 locales durante el primer fin de semana de aplicación de la ordenanza, entre ellos muchos de los negocios que han solicitado poder mantener su terraza dos horas más.

LA NOTA

Valdés ha «avocado» las competencias de Ferrer

El teniente de alcalde de Reinicia, Pablo Valdés, firmó como alcalde accidental un decreto para avocar las competencias en urbanismo y actividades entre los días 5 y 9 de agosto debido a la ausencia por motivos personales del concejal ‘titular’, Juanjo Ferrer. Se trata, según ha sabido este periódico, de un decreto que nunca se había aprobado en el Ayuntamiento de Sant Antoni. La avocación es «la transferencia del ejercicio de la competencia decisoria en un asunto concreto hecha mediante un acto de la Administración de contenido normativo, a favor de un órgano superior a aquel que la tiene atribuida o delegada». Algunas fuentes consultadas dudan incluso que un alcalde accidental pueda firmar un decreto de estas características.