El juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, José Espinosa, emitió ayer un auto en el que señala que existen «serias dudas» acerca de que el policía local de Sant Josep Francisco R.R. sea el autor de la muerte en la Isla de la venezolana María Karina Rosales Rivera, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el 12 de mayo del año pasado en una casa abandonada cerca de Sant Antoni.
En consecuencia, el juez mantiene «la situación de prisión provisional de Francisco R.R., que podrá eludir con fianza de 10.000 euros». El juez le ordena comparecer en los juzgados cada quince días y que comunique cualquier cambio de domicilio.
Con este auto, el juez ha atendido los requerimientos de Alicia Hernando, abogada del policía, que fue arrestado por la Guardia Civil semanas después del crimen como único sospechoso del mismo. En el auto se señala que, pese a «las contradicciones» que se advirtieron en la declaración de Francisco R.R. (...) no se pueden despreciar (...) los numerosos informes técnicos, tanto del laboratorio de Palma como de los laboratorios de criminalística de la Guardia Civil». El juez destaca que «no se ha encontrado prueba alguna irrefutable que vincule al señor R.R. con el homicidio, pues ni sus pantalones tenían sangre, ni la colilla encontrada en el lugar del crimen era suya, ni los restos de tierra extraídos de los bajos del coche de R.R. coinciden con la tierra encontrada en el lugar de los hechos». Es decir, que en su coche no se hallaron restos de sangre y tampoco el ADN que se extrajo de la sangre que se halló en el lugar del crimen corresponde con el del policía local detenido por la Guardia Civil, sino que pertenecen a otro hombre.
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