Llorenç Córdoba escribió el pasado viernes el enésimo capítulo de la crisis de gobernabilidad del Consell de Formentera. Difícil lo tendría el director de una serie de Netflix para igualar la cantidad de giros de guion de este desaguisado que comenzó el año pasado y que lejos de acabar parece tener todavía mucho que ofrecer a los atónitos espectadores.
La expulsión de Alcaraz del equipo de gobierno del Consell era más que previsible, aunque los consellers de Sa Unió parecían no contemplar esta posibilidad a tenor de su perplejidad al conocer la noticia. Tres meses comiéndole los pies al presidente que escogieron como cabeza de lista para la presidencia y el parlament, parece cuando menos imprudente, teniendo en cuenta el desprestigio que eso supone para la institución popular.
Córdoba deja a Alcaraz sin responsabilidades y sin retribución, y este declaró a este periódico que seguiría manteniendo su acta de conseller, que es incompatible con su puesto como funcionario del propio Consell, lo cual dejaría al presidente del PP en una difícil situación económica personal.
Curiosa también la actitud del PP balear, que preguntado por esta expulsión, contesta que está por cumplir sus compromisos con Formentera y que la relación con Córdoba es cordial. Ejem.
La única voz de Sa Unió sobre este asunto, Oscar Portas, aseguraba que el bloque permanece unido a Alcaraz. ¿Quiere eso decir que los 8 consellers van a dimitir en solidaridad con el expulsado? Está por ver hasta dónde llega la fraternidad con todas las renuncias que ello supondría.
Echamos de menos conocer la opinión en este asunto de Javi Serra, presidente de Compromís, la otra parte de la coalición, respecto a su compañero del PP.
Si alguien cree que la crisis está cerrada, pecará de ingenuo.